Las redadas contra la inmigración ilegal continúan a nivel nacional por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los Estados Unidos. Establecimientos comerciales pequeños, medianos y grandes son los objetivos de los operativos contra la inmigración considerada irregular.
Los operativos también se han focalizados en las zonas de producción agrícola (granjeros) quienes han sido perjudicados debido a la detención de su fuerza laboral. Productores de fresas, tomates y verduras han denunciado tener millonarias pérdidas en el Estado de California debido a los continuos apresamientos de trabajadores agrícolas en su mayoría de origen hispano.
A estos se agregan las decenas de trabajadores de la construcción en el estado de La Florida que han sido detenidos y deportados. Sin lugar a dudas que las detenciones tienen un alto perfil racial, debido a que la mayoría de los tenidos son de ascendencia hispana.
Lo delicado de la situación es que residentes legales y ciudadanos norteamericanos también han sido y son arrestados en las redadas realizadas por las autoridades migratorias.
La declarada y planificada política anti-inmigratoria es evidente en lo relacionado a las medidas que aplica el gobierno tales como la eliminación el Programa de Protección Temporal (TPS) para los hondureños y salvadoreños. A venezolanos y haitianos, el gobierno también les ha revocado la protección de permanecer en suelo norteamericano por la administración del expresidente Joe Biden.
La persecución contra la inmigración ilegal se extiende hasta las cortes de inmigración donde los inmigrantes que acuden a sus citas regulares para su ajuste de estatus migratorio son apresados y deportados aun demostrando que han sido admitidos legalmente en el país.
A esto se suma el registro de inmigrantes ilegales que fue creado por el gobierno y las personas de no hacerlo están en riesgo de ser apresadas, pagar elevadas multas económicas e inclusive ir a prisión.
Además, el gobierno en su represión contra los inmigrantes no regularizados ha iniciado un proceso de revisión de los contratos de alquilares con la finalidad de detectar a las personas que no están legalmente en el país, lo que implicaría acciones para su posible expulsión de los Estados Unidos. Esa acción es considerada como ilegal debido a que las leyes protegen la privacidad de los inquilinos, según Unión de Libertades Civiles conocida en inglés como la (ACLU).
Aunque la presencia de inmigrantes ilegales se puede manifestar en otras comunidades de inmigrantes, el gobierno se ha enfocado en la comunidad hispana en particular en las ciudades santuarios en las que estos inmigrantes son protegidos de la deportación tales en los estados de Nueva York, California, Chicago (Illinois) y Nueva Jersey.
Los inmigrantes ilegales no están siendo enviados a los países de los que provienen, sino a terceros como en África y El Salvador en una acción considerada violatoria a los derechos de los inmigrantes porque atenta contra su integridad física.
Aunque la administración Trump afirmó que priorizaría el apresamiento de los criminales, lo cierto es que esta apresando a los inmigrantes sin estatus legal en especial al origen hispano que por décadas han residido y trabajan en los sectores de la agricultura y la construcción considerados esenciales sectores económicos de los Estados Unidos.
Las más recientes encuestas realizadas por las firmas Gallup y la Universidad de Quinnipiac (Connecticut) explican que de los votantes en más de un 55 por ciento no apoyan la política de inmigración aplicada por la administración Trump.
A la presente situación se suma la decisión de la jueza federal Maame Ewusi Mensah Frimpong que ordenó a la agencia ICE detener los apresamientos de inmigrantes en siete condados en el sur de California, incluido los Ángeles por considerarlos violatorios a las leyes. A partir de la decisión judicial, ICE tendrá que demostrar y tener una causa probable para apresar a las personas y no simplemente basarse en la raza, color de piel u origen étnico.
Una vez más el gobierno que encabeza Donald Trump ha sido detenido en sus acciones ilegales contras libertades públicas y los derechos humanos de los inmigrantes considerados como ilegales por lo que se espera que la decisión judicial federal se extienda a nivel nacional. Los inmigrantes aun siendo ilegales son protegidos bajo la ley.
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