Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.
Tomando como referencia lo establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, no existe justificación alguna que explique la ausencia de voluntad política para dar respuesta a las múltiples problemáticas y carencias que, por décadas, han sumido a la Educación Pública en niveles altamente preocupantes. Esta situación no es nueva, ni se trata de una simple falta de gestión, sino de una desatención estructural que ha vulnerado, generación tras generación, el derecho fundamental a una educación digna.
En procura de que este derecho sea una realidad para todos los dominicanos y dominicanas, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha librado una lucha constante, comprometida y firme en defensa del magisterio, del estudiantado y de las comunidades. Es una lucha que trasciende los intereses gremiales, pues se inscribe en la defensa de la escuela pública como un pilar del desarrollo social, cultural y económico del país.
En ese contexto, y luego de una jornada de movilización en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, realizada con civismo y sentido de responsabilidad social, el viernes 21 de marzo del presente año se llevó a cabo un encuentro entre el actual Ministro de Educación y los dirigentes de la ADP en dichas provincias. Fruto de ese diálogo se estableció el compromiso de realizar un levantamiento real y detallado de las necesidades más urgentes de los centros educativos, con el objetivo de atenderlas según su nivel de prioridad.
A partir de esa fecha se han sostenido múltiples reuniones técnicas y de coordinación para iniciar los trabajos acordados. No obstante, estos avances no se han traducido en acciones concretas ni en resultados visibles para las comunidades. Lo que debía ser una oportunidad para mejorar las condiciones de la planta física escolar ha terminado en frustración. Advertimos oportunamente a las autoridades que el periodo de vacaciones era el momento ideal para intervenir en la mejora de la infraestructura, evitando así interrupciones en el calendario escolar. Sin embargo, esa oportunidad se desaprovechó, y hoy, con el reinicio del año escolar a la vista, los planteles siguen en condiciones deplorables.
A esta grave realidad se suma la escandalosa carencia de personal de apoyo y administrativo en los centros educativos pertenecientes a la Regional 07. Es una deuda pendiente que impacta directamente en el funcionamiento de las escuelas y en la calidad del servicio educativo. Para resolver esta situación, el MINERD debería designar, al menos, 1,150 nuevos colaboradores para cubrir funciones esenciales como jardinería, seguridad, portería, secretaría, digitación y otros servicios básicos. La ausencia de este personal genera una sobrecarga en los docentes y limita el ambiente adecuado para el aprendizaje.
A esto se agregan decenas de obras de construcción y reparación de escuelas que permanecen paralizadas, algunas desde hace años, impidiendo la expansión de la cobertura escolar y afectando a miles de niños y niñas que no encuentran espacio en el sistema público para iniciar o continuar sus estudios.
Desde la ADP alzamos nuestra voz con firmeza y respeto, pero también con urgencia, para que los funcionarios del MINERD escuchen el clamor de las comunidades. No se puede seguir gobernando la educación desde un escritorio, desconociendo la realidad de las aulas, de los barrios y de los campos. Es momento de actuar, de cumplir con la palabra empeñada y de honrar el compromiso asumido con el pueblo dominicano.
Es necesario precisar que el año escolar 2025-2026 iniciará, pero lo hará en las condiciones que las autoridades del Ministerio de Educación estén dispuestas a garantizar. Los docentes están listos para cumplir con su parte, pero no podemos hacerlo solos. El balón está en manos del MINERD.
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