SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público ejecutó este miércoles 3 de septiembre, el arresto de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien deberá cumplir una condena irrevocable de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La detención se produjo luego de que la exlegisladora por la provincia de La Vega se entregara a las autoridades en la Procuraduría General de la República, tras un allanamiento a su residencia.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, materializó el arresto en cumplimiento de una orden emitida el 2 de septiembre por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega.
La sentencia, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, fue ratificada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 29 de agosto, confirmando un fallo previo de la Segunda Sala de la misma alta corte emitido en mayo de 2024. Pilarte López fue hallada culpable de violar la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Además de la pena de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, en Santiago, la condena incluye el pago de una multa de 200 salarios mínimos y el decomiso de más de una docena de bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos.
El Ministerio Público demostró durante el juicio que Pilarte López formaba parte de una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, presuntamente liderada por su esposo, Miguel Arturo «Micky» López Florencio. Según la acusación, la exdiputada contribuyó a la colocación en el sistema financiero de más de 4,400 millones de pesos, una cifra desproporcionada en comparación con los 16.3 millones de pesos que declaró como ingresos lícitos entre 2003 y 2021.
El tribunal determinó que el comportamiento financiero de la excongresista y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales, incluyendo la transferencia de múltiples inmuebles a empresas fachada.
La defensa de Pilarte López había presentado un recurso de casación, el cual fue rechazado en su totalidad por el Pleno de la Suprema Corte, al considerar que la sentencia condenatoria se fundamentó en pruebas suficientes y valoraciones válidas. Los abogados de la exdiputada también intentaron un recurso de revisión constitucional para suspender la ejecución de la pena, argumentando posibles perjuicios irreparables.
El caso ha sido calificado como un hito en la justicia dominicana, al ser la primera vez que la Suprema Corte ratifica una condena penal con un decomiso multimillonario contra una legisladora en funciones, sentando un precedente en la lucha contra los delitos de cuello blanco y la impunidad.
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