La expresión del título de este artículo, corresponde a la diputada por la provincia Duarte, Dorina Rodríguez, ante los aberrantes casos de violación sexual en contra de menores de edad, que han sucedido en el país, trayendo luto y desolación en la sociedad en sentido general.
Aunque no estoy de acuerdo en la forma “chabacana” con que se maneja la legisladora en la forma, en el fondo si estamos contentes, que nuestras autoridades deben hacer algo urgente para modificar nuestro marco jurídico y endurecer las penas contra los infractores de delitos sexuales, y más cuando la víctima es un menor de edad.
En el año 2023, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, presentó al Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del Código Penal para aplicar la castración química a los condenados por violación sexual a menores de edad, personas en estado de inconsciencia, incesto y muerte por agresión sexual.
La pieza legislativa, ampliamente debatida en el hemiciclo, fue dejada fuera de la reciente modificación del Código Penal llevada a cabo en el Congreso Nacional. Romero, proponente de la iniciativa, afirmó que su propuesta permitiría a las personas condenadas por violación acogerse voluntariamente a un tratamiento de castración química como condición para una eventual reducción de su pena.
El congresista explicó que la medida no impone la castración de forma obligatoria, sino que habilita al juez de la ejecución de la pena a negociar con el condenado, dentro de los márgenes legales, una reducción de condena si este acepta someterse al tratamiento hormonal. “El violador puede acogerse voluntariamente a la castración química después de una sentencia de 15 a 20 años, o de 20 a 30 años. No se trata de cortar nada físicamente, sino de aplicar un tratamiento hormonal que reduce el deseo sexual. Es una forma de tratar una condición que tiene raíces psiquiátricas y psicológicas”, explicó.
Ese proyecto fue dejado fuera del proyecto de modificación del Código Penal, y luego de esa decisión, como una especie de castigo, la sociedad ha visto con estupor, dolorosos casos donde niños, niñas y adolescentes han sido victimas de las perversidades de depravados, los cuales no solamente sacian un deseo sexual poseído por el diablo, si no, no conforme con el daño hecho, les quitan la vida a estos seres inocentes de forma cruel y despiadada.
Contra estas personas, la pena de muerte podría ser una opción, pero en nuestro marco jurídico no existe esa figura.
De todos modos, nuestros legisladores, senadores y diputados, deberían retomar el proyecto presentado por el senador Franklin Romero, consensuarlo con todos los sectores de la sociedad y proceder a endurecer las sanciones contra estos criminales que violan y matan a nuestros niños y adolescentes.
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