Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra once agentes policiales acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario por la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.
La solicitud, presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, también pide que el caso sea declarado de tramitación compleja, argumentando que los imputados intentaron obstruir la investigación mediante la sustracción de evidencias, entre ellas videos de cámaras de seguridad y teléfonos de personas que grabaron lo ocurrido.
Los agentes encartados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
De acuerdo con la acusación, los policías llegaron al lugar en tres vehículos un Mazda, un Honda Civic y un Kia K5, modelo 2013, se apostaron frente a la entrada de la plaza y abrieron fuego contra los cinco hombres sin previo aviso. Un testigo logró grabar parte de los hechos, pero su teléfono fue confiscado por los imputados, quienes además sustrajeron los DVR de negocios aledaños y llamaron a un comerciante para apoderarse del dispositivo de grabación de su local, con el propósito de borrar evidencias.
La medida fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu; y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Tras el incidente, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la dirección de Persecución y a la fiscalía de Santiago realizar una investigación exhaustiva “para determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el hecho y proceder conforme al resultado de la misma”.
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