En un contexto de inflación persistente y presiones económicas sobre la clase asalariada, el senador Omar Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo, ha presentado una propuesta que busca ajustar las escalas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas en República Dominicana. Esta iniciativa se basa en el artículo 327 del Código Tributario Dominicano, que establece que las escalas impositivas deben indexarse anualmente según la inflación acumulada. Sin embargo, este ajuste no se ha aplicado desde 2017, lo que ha generado un debate sobre justicia fiscal y sostenibilidad económica. A continuación, analizamos esta propuesta de manera clara y sencilla, pero con profundidad en sus implicaciones.
¿Qué es el ISR y Cómo Funciona Actualmente?
El ISR es un impuesto que se aplica sobre los ingresos de las personas, como salarios, honorarios o rentas. En el caso de los salarios anuales, se divide en tramos o escalas progresivas: cuanto más ganas, más pagas en porcentaje. La escala vigente, que no se ha actualizado desde 2017, es la siguiente:
- Hasta RD$416,220 al año (aproximadamente RD$34,685 mensuales): 0% (exento de impuesto).
- De RD$416,221 a RD$624,329: 15% sobre el excedente del tramo exento.
- De RD$624,330 a RD$867,123: RD$31,216 fijo más 20% sobre el excedente de RD$624,329.
- Más de RD$867,123: RD$79,779 fijo más 25% sobre el excedente de RD$867,123.
Esto significa que, por ejemplo, un trabajador con un salario anual de RD$600,000 paga 15% sobre la parte que excede los RD$416,220, lo que reduce su salario neto (el dinero que realmente recibe).
El problema surge porque la inflación ha erosionado el valor del dinero desde 2017. La inflación acumulada en República Dominicana hasta 2025 ha superado el 50%, según estimaciones basadas en datos del Banco Central y otras fuentes, que reportan tasas anuales promedio alrededor del 4-5% en los últimos años, acumulando un efecto significativo. Sin ajustes, más personas caen en tramos impositivos más altos sin que su poder adquisitivo real haya aumentado, un fenómeno conocido como «arrastre de tramos».
La Propuesta del Senador Fernández: Indexación por Inflación
La propuesta de Fernández exige que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aplique la indexación prevista en la ley, ajustando todos los tramos por la inflación acumulada desde 2017,
que se estima en al menos 50%. Esto elevaría el tramo exento a RD$52,000 mensuales (RD$624,000 anuales), beneficiando directamente a miles de trabajadores.
Basándonos en un factor de ajuste de 1.5 (50% de inflación), la nueva escala propuesta sería aproximadamente la siguiente:
- Hasta RD$624,000 al año (RD$52,000 mensuales): 0% (exento).
- De RD$624,001 a RD$936,494: 15% sobre el excedente de RD$624,000.
- De RD$936,495 a RD$1,300,685: RD$46,824 fijo más 20% sobre el excedente de RD$936,494.
- Más de RD$1,300,685: RD$119,669 fijo más 25% sobre el excedente de RD$1,300,685.
Estos cálculos mantienen los porcentajes originales (15%, 20% y 25%), pero elevan los límites y los montos fijos proporcionalmente a la inflación. En esencia, se trata de actualizar la tabla para que refleje el valor real del dinero en el tiempo, evitando que la inflación «empuje» a los contribuyentes a pagar más impuestos sin un aumento real en sus ingresos.
Impacto Directo en los Trabajadores: Más Dinero en el Bolsillo
Para los trabajadores, esta indexación significaría una reducción en la carga fiscal y un aumento en el salario neto percibido. Veamos ejemplos simples:
- Un empleado con salario mensual de RD$40,000 (RD$480,000 anuales) actualmente paga ISR si supera el exento, pero con la nueva escala quedaría completamente exento, ahorrando hasta RD$9,567 anuales en impuestos (basado en cálculos aproximados del 15% sobre el excedente).
- Para alguien con RD$60,000 mensuales (RD$720,000 anuales), el impuesto actual es de unos RD$15,000 al año; con el ajuste, pagaría menos o nada en el tramo inicial, aumentando su neto en al menos RD$5,000-10,000 anuales, dependiendo del excedente.
En total, según Fernández, más de 720,000 trabajadores se beneficiarían, especialmente la clase media y baja asalariada. Esto no solo alivia el costo de vida (como alimentos y transporte), sino que estimula el consumo y la economía local, ya que más dinero circula en manos de las familias.
El Impacto Fiscal: Menos Ingresos para el Gobierno
El principal efecto negativo sería una reducción en los ingresos fiscales del Gobierno Central por ISR sobre salarios y otros ingresos de personas físicas. Estimaciones preliminares, basadas en datos del Ministerio de Hacienda y opiniones expertas, sugieren que el impacto podría oscilar entre RD$10,000 y RD$20,000 millones anuales en menores recaudaciones, dependiendo del número exacto de beneficiados y el crecimiento económico. Por ejemplo, si 750,000 asalariados (como menciona la Fuerza del Pueblo) pagan en promedio RD$10,000-15,000 menos en ISR, el total podría superar los RD$8,500 millones, afectando el presupuesto para servicios públicos como educación, salud y subsidios sociales.
Sin embargo, esta pérdida podría compensarse con mayor actividad económica: trabajadores con más ingresos netos gastan más, generando ITEBIS y otros impuestos indirectos. Aun así, el Gobierno ha expresado preocupación por el hueco fiscal en un momento de deuda pública elevada y perspectiva de lento crecimiento.
Opiniones a Favor y en Contra
A favor: Líderes como Leonel Fernández, expresidente y padre del senador, defienden la propuesta como «legal, técnica y ética», argumentando que cumple con el Código Tributario y corrige una injusticia que reduce la calidad de vida de 300,000-750,000 trabajadores. El economista Haivanjoe Ng respalda esto, destacando que la no indexación crea una «progresividad inversa», donde la inflación hace que los pobres paguen más proporcionalmente. Sindicatos como FAPROUASD exigen ajustes similares, proponiendo incluso un exento de RD$55,900 mensuales, para proteger a profesores y empleados públicos.
En contra: El Partido Revolucionario Moderno (PRM) advierte que indexar afectaría la recaudación fiscal, ampliando el número de exentos y disminuyendo ingresos necesarios para inversiones públicas. Funcionarios gubernamentales argumentan que, aunque la ley lo establece, el contexto fiscal postpandemia requiere prudencia, y que República Dominicana ya tiene una de las cargas impositivas más bajas en la región para asalariados.
Deber Legal y Racionalidad Económica
Legalmente, la indexación es un deber claro: el artículo 327 obliga a ajustarla anualmente, y su incumplimiento desde 2017 ha sido calificado como «ilegal» por opositores. Económicamente, es racional para evitar que la inflación castigue a la clase asalariada, promoviendo equidad y estimulando el crecimiento. Sin embargo, impacta las finanzas públicas al reducir ingresos, lo que podría requerir reformas compensatorias como mejorar la eficiencia recaudatoria o recortar gastos no esenciales.
En última instancia, esta propuesta resalta el sacrificio de los trabajadores dominicanos, quienes han visto su poder adquisitivo erosionado mientras el Gobierno recolecta más por inacción. Implementarla equilibraría la balanza, pero exige un plan fiscal integral para no comprometer el desarrollo nacional. El Gobierno, Congreso y, sobre todo, el Ministerio de Hacienda, deben actuar pronto para resolver esta asignatura pendiente.
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