Como una evidente victoria considera la administración de gobierno de Trump de que la Suprema Corte de Justicia haya acogido proceder con la demanda sobre el derecho de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
En su continua y consistente política en contra la inmigración, el plan de gobierno establece que la ciudadanía automática por nacimiento no le debe ser otorgar a las personas que no residan legalmente en Estados Unidos.
De acuerdo a la posición del gobierno, la ciudadanía por nacimiento se limitaría a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano estadounidense o residente legal permanente. En cambio, el derecho (de nacer en el territorio estadounidense) no se aplicaría a los bebés nacidos de visitantes temporales que ingresaron al país legalmente ni a personas que ingresaron al país ilegalmente.
Sin embargo, la realidad es que la política antinmigrante ha sido rechazada constantemente en los tribunales inferiores, con jueces federales de todo el país que la han declarado ilegal, como ocurrió en los casos de Washington y New Hampshire donde la han imposibilitado de entrar en efecto. Aunque el gobierno de Trump en principio logró la intervención de la Corte Suprema al argumentar con éxito que los jueces individuales no tenían la autoridad para bloquear el plan nacionalmente, pero demanda nacionales si lo han logrado.
En una demanda colectiva sometida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el fiscal general de Connecticut, William Tong, y los fiscales generales de otros 17 estados (incluyendo Nueva York y Nueva Jersey), el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco demandaron a Trump en el Distrito de Massachusetts, impugnando la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento, varios jueces federales la bloquearon la referida orden a nivel nacional que ha sido y es la medida correcta de protección a los inmigrantes.
La 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. La enmienda que fue proclamada después de la Guerra Civil en 1868 incluyó que los antiguos esclavos negros y sus hijos fueran reconocidos como ciudadanos, pero incluye las excepciones de las personas nacidas de diplomáticos extranjeros, fuerzas hostiles invasoras y miembros de algunas tribus nativoamericanas.
El director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Anthony D. Romero considera que: “negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos no sólo es inconstitucional: también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses.
La ciudadanía por nacimiento es parte de lo que hace que Estados Unidos sea la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden busca repetir uno de los errores más graves en la historia de Estados Unidos, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a quienes se les niegan plenos derechos como estadounidenses”.
En la decisión programada para mediados del próximo año (2026) se espera que la Suprema Corte de Justicia establezca los límites del poder ejecutivo y que la decisión de limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento sea tomada por el Congreso estadounidense. El respeto a la Constitución estadounidense debe prevalecer ante la falta de límites de ejercer el poder que mantiene el mandatario Donald Trump en los Estados Unidos.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
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