Como todas las naciones, los Estados Unidos tienen todo el derecho de expulsar de su territorio a las personas que han ingresado de manera irregular y a los que se encuentran ilegalmente en el país.
A pesar de que el gobierno se comprometió en perseguir, apresar y repatriar a los criminales, en la realidad de los hechos esa no es la situación. La persecución contra los inmigrantes ilegales y legales es intensa y extensa.
A diario inmigrantes considerados como no legales están siendo detenidos y repatriados de forma expresa sin haberse cumplido con los procedimientos que establecen las leyes de tener una audiencia por ante un juez. Es lo que se conoce como la violación del bebido proceso.
Ni los ciudadanos nacidos y los naturalizados en Estados Unidos se escapan a las arbitrarias detenciones por las autoridades de inmigración y más la nueva premisa del gobierno de que los que obtuvieron la ciudadanía mediante un fraude podrían ser naturalizados.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, conocido como USCIS en un comunicado de prensa reconoció que: “no es un secreto que la lucha contra el fraude del servicio de ciudadanía e inmigración incluye dar prioridad a quienes han obtenido la ciudadanía de forma ilegal”.
El abogado experto en asuntos migratorios Andrew Newcomb explicó que “los oficiales de inmigración tienen la discreción de negar casos (ciudadanía) para personas que tienen y cito: opiniones anti americanas, o que están en contra de políticas de guerras en el extranjero, infracciones de tránsito, arrestos que no resultaron en una condena”.
Sin embargo, la realidad es que ninguna autoridad, incluyendo al presidente tiene la autoridad de desnaturalizar (quitar la ciudadanía) a las personas que la han obtenido. “USCIS no tiene ese poder. Ese poder únicamente es con un juez de distrito federal y el estándar fijado por la corte suprema en cuanto a qué es lo que se requiere para quitarle a uno su ciudadanía, es bastante alto”, según Newcomb.
La ciudadanía se puede perder por la comisión de un fraude, obtención ilegal de la ciudadanía, delitos graves, servicio militar deshonroso, renuncia voluntaria y cometer actos contra el gobierno como la traición.
Aunque desde 1906, una legislación federal aprueba la revocación de la nacionalidad estadounidense obtenida por fraude, pero bajo un estricto proceso de investigación son mínimas las revocaciones que se producen de ciudadanías por naturalización.
Lo cierto es que ante un nuevo frente contra la inmigración en particular la hispana, la administración Trump ha visto erosionar el apoyo político de las minorías en especial de los ciudadanos hispanos que de seguro le harán pagar un alto precio político al presidente Donald Trump en las urnas de votación de las elecciones al congreso programadas para el próximo año.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
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