En nuestro país, la corrupción ha dejado de ser un rumor, «como una vez dijera un exgobernante» para convertirse en una montaña de expedientes judiciales. Durante los últimos años, hemos sido testigo de múltiples procesos que se aperturan en los tribunales, los cuales involucran a exfuncionarios, altos mandos militares y figuras con poder político y económico. Estos casos, presentados bajo diferentes operaciones judiciales, han puesto en evidencia no solo fallas institucionales, sino una problemática más profunda: la relación entre corrupción, consciencia y formación humana.
Más allá de los nombres y los montos que suelen publicarse en cada caso, estos expedientes revelan un patrón de conducta repetido. La apropiación indebida de fondos públicos, el uso del poder para beneficio personal y la normalización del abuso no surgen de la nada; son el resultado de una estructura y cultura donde, por años, la corrupción es tolerada, justificada y minimizada.
Era muy joven cuando penosamente escuche al extinto presidente Joaquín Balaguer decir: «En la puerta de mi despacho se detiene la corrupción».
La corrupción ha sido vista como una práctica “inevitable” y con frecuencia se celebra con alegóricas frases como estas: “Eso siempre ha sido así”, “El que llega aprovecha” o “Hay que buscar lo suyo”. Esta idea del erario, refleja una mentalidad que debilita la frontera entre lo correcto y lo conveniente.
Los casos que hoy gravitan en los tribunales, y muchos otros del pasado que nunca llegaron a sentencia, muestran cómo esta mentalidad se ha institucionalizado. El problema no es solo la ausencia de controles, sino la ausencia de consciencia y ética en quienes administran recursos que pertenecen a todos.
Como profesional de la conducta, en mis reflexiones siempre trato de vincular la psicología y la neurociencia a todos los problemas sociales. En tal sentido, no podemos ver la corrupción únicamente como una violación legal. Las decisiones que hoy se juzgan se tomaron en contextos donde el beneficio inmediato superó al deber moral. La ciencia ha demostrado que el juicio ético depende en gran medida de la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la planificación y la evaluación de consecuencias.
Cuando esta capacidad no se fortalece por una educación deficiente en valores, una cultura permisiva o la impunidad prolongada, el individuo aprende que abusar del sistema no tiene costo emocional ni social. Así, el cerebro asocia poder y dinero con recompensa, anulando la culpa y la empatía. Es decir, en ese punto, la corrupción deja de percibirse como un acto grave y se convierte en una práctica de rutina.
Con la evolución del lóbulo frontal, el ser humano pasó de tener grandes limitaciones a poseer la capacidad de razonar, discernir, crear y proyectar un desarrollo para sí y que, a su vez, permea su medio. Gracias a este fascinante desarrollo, su inteligencia es indescifrable. En esta parte del cerebro es donde ocurren las funciones ejecutivas, mismas que mantienen el control emocional, la planificación, la integración social y la personalidad del individuo.
En un mundo tan material, no sobran razones para construir sueños de bonanzas y riquezas, aunque esa materialización no se dé conforme a los criterios éticos que deben acompañar el esfuerzo de la superación. Por otro lado, es interesante saber que el problema no es la falta de profesionales preparados. Muchos de los implicados en casos de corrupción cuentan con altos niveles académicos, visitan sus denominaciones religiosas y hasta comulgan. El verdadero déficit ha estado en la formación ética y ciudadana.
No podemos ocultar que los procesos judiciales actuales representan un avance institucional importante, pero también funcionan como un espejo incómodo. No reflejan solo la conducta de algunos funcionarios, sino la debilidad de una cultura que durante mucho tiempo facilita que estas prácticas prosperaren.
En este juego de tantos actores, hay que involucrar a los responsables directos de la formación ética del individuo, ´´la familia´´. Cuando una sociedad no educa en valores, termina educando en resultados, aunque estos se logren de manera ilícita. Parecería que lo único que importa es el enriquecimiento sin medir las consecuencias de las acciones incorrectas.
Frente a todo lo que nos ocurre, viene la pregunta obligada: ¿Habrá condena o no para los imputados en los casos de corrupción? Tal vez la condena sea lo que menos nos interese. A pesar de procurar justicia, a esta sociedad, le urge un cambio en los patrones que están generando tanto daño. La justicia puede sancionar, sin embargo, solo la consciencia puede prevenir.
Combatir la corrupción en la República Dominicana exige más que reformas legales. Requiere una transformación profunda en la manera en que se forma al ciudadano, se ejerce el poder y se entiende el éxito. Sin educación ética, sin consciencia social y sin una cultura de responsabilidad, los casos se repetirán con nuevos nombres y nuevas estructuras.
Finalmente, aclaro que la corrupción no solo gravita en los partidos políticos: está presente dondequiera que hay desarrollo y generación de riqueza. En tal sentido, se convierte en un desafío humano que interpela y permea a toda la sociedad. Pues, al final, la verdadera pregunta no es cuántos casos llegarán a la justicia, sino qué estamos haciendo para no seguir produciéndolos.
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