Todas las naciones que mantienen con otras históricamente se ha demostrado que se ven afectadas por las migraciones. Un particular caso es la franja fronteriza compartida entre Mexico y los Estados Unidos. Además de los países de Centroamérica y Suramérica que también comparten fronteras en mayor o menor medida, lo que implica la continua movilidad legal o no de esas poblaciones.
De todas las fronteras, la México-americana continúa siendo una de las más movilizadas del mundo, en la que el tráfico de personas y mercancías no se detiene.
La realidad es que, en la última década, la población inmigrante sin documentos que puedan demostrar su legalidad se ha incrementado en los Estados Unidos. Esa inmigración proviene de todo el mundo, en particular de las naciones de habla hispana. Los inmigrantes indocumentados llegan a los Estados Unidos buscando protección sea en lo político, económico, religioso, violencia intrafamiliar hasta conflictos de guerras.
Sin embargo, la realidad, es que la administración Trump desde que asumió el poder en enero del 2025, no solo ha priorizado a la expulsión de criminales, sino de todos aquellos que no puedan probar su legalidad en Estados Unidos.
A través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual ha sido masificada con la integración récord de más 20 mil agentes, el gobierno mantiene una constante política de apresamientos y deportación de inmigrantes, no solo los que están ilegales, sino los que están en un proceso de ajuste de estatus migratorio.
Además, el gobierno mediante ordenes ejecutivas (decretos) y apoyo de varios jueces federales ha eliminado los programas de protección temporal conocido como el TPS para naciones como Honduras, El Salvador, Venezuela y Haití, los cuales tendrán que abandonar el suelo estadounidense en caso de que las leyes digan lo contrario.
De acuerdo a cifras del gobierno en el último año 475 mil personas han sido deportadas de los Estados Unidos a un costo promedio de 30 mil dólares por persona, lo que representa un gasto de 14 mil 250 millones de dólares.
Eso sin contar en promedio los 100 mil inmigrantes que en la actualidad son mantenidos detenido por ICE en los más de 20 centro migratorio establecido en todo los Estados Unidos. Esto evidencia que el costo de apresar y deportar inmigrantes que necesita la economía estadounidense continúa siendo muy elevada y representa un gran beneficio para empresas privadas encargadas de administrar los centros de tension de inmigrantes.
La administración Trump que se comprometió en solo deportar a los criminales ha extendido a las acciones incluso con los que residen legalmente, lo que ha provocado que mas del 60 por ciento de los estadounidenses no apoyen la agresiva política migratoria implementada por el propio gobierno.
La inaceptable política migratoria en los Estados Unidos, un acérrimo defensor y protector de los derechos humanos y la inestable gobernabilidad de la administración Trump, podrían del emocionante triunfo político en noviembre del 2024 podrían convertirse en la más humillante derrota política para los republicanos en las elecciones congresionales del presente año y luego las presidenciales. Los votantes tendrán la última palabra.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
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