Duarte está considerada como una provincia estratégica. San Francisco de Macorís, su capital municipal, se mantiene como uno de los polos económicos más dinámicos del Cibao. Con un peso agrícola, comercial y demográfico que debería reflejarse en una inversión estatal proporcional. Sin embargo, durante décadas, distintos gobiernos han prometido obras que no terminan de materializarse. La brecha entre el discurso y la ejecución ha sido constante.
Esa cadena de promesas incumplidas no ha sido inocua. La frustración acumulada ha generado movilizaciones sociales, protestas y jornadas de reclamo que, en distintos momentos, han costado la vida de jóvenes que salieron a las calles con la esperanza de provocar un cambio. Duarte ha pagado un precio humano por exigir lo que considera justo. No se trata solo de infraestructura pendiente, sino de una historia marcada por la indignación ante la indiferencia estatal.
A esta realidad se suma un trabajo legislativo que, aunque parcialmente visible en lo local, ha sido débil en términos de incidencia estructural a nivel nacional. Algunos, sin embargo, han sometido resoluciones y solicitudes para modificar artículos en ley. Otros han trabajado en diferentes comisiones y han propuestos uno más que otros pequeños proyectos. No obstante, la representación ha sido aguajirada o tímida.
El trabajo no es solo con la gente que los impulsa o con sus cuadros políticos, es además con una ciudadanía que los ha elegido, los cuales deben defender, procurar su bienestar y mantener cercanía. Las resoluciones no obligan al Ejecutivo ni garantizan partidas presupuestarias. Sin negociación efectiva, la gestión termina siendo simbólica.
La inacción prolongada, tanto del Ejecutivo como de una representación legislativa sin estrategia común, ha fortalecido una sociedad civil más consciente y más firme en sus reclamos. Duarte no protesta por capricho; protesta porque espera resultados. La ciudadanía solicita, demanda y exige porque entiende que su aporte productivo al país merece una respuesta concreta en obras y servicios.
Lejos de ser improvisadas, las demandas están claramente definidas. La Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte ha estructurado un pliego de proyectos estratégicos que incluye: la ampliación a cuatro carriles de la carretera Controba–San Francisco de Macorís, la construcción de la marginal del río Jaya para descongestionar la única vía de entrada hacia la ciudad, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, la carretera San Francisco–Río San Juan y la presa sobre el río Boba.
A estas iniciativas se suman; la Plaza de la Cultura, el aeródromo en Hatillo y la rehabilitación del Club Esperanza. Se podría decir que estas son obras consideradas prioritarias para el desarrollo integral de la provincia. El propio presidente ya es conocedor de esta agenda, que, además, es sustentada por los presidentes de las diferentes asociaciones que inciden en la provincia Duarte. Existe planificación y visión. Ahora hay que convertir ese pliego en decisiones presupuestarias ejecutadas con voluntad política.
Se espera que, a partir de este artículo, los legisladores de la cámara de diputados, comiencen a reflexionar sobre una estructura de cohesión política, para consolidar un bloque congresual articulado. Este deberá negociar de manera conjunta y sostenida con el gobierno central. Sin visión ni estrategia común, la capacidad de presión se diluye. Y en política, quien no logra incidir en el presupuesto nacional queda relegado a la retórica.
Otras provincias con menor peso económico hasta han logrado tener ministros en el tren gubernamental, gracias a la coordinación política y el posicionamiento estratégico. Duarte, pese a su importancia productiva, no ha alcanzado ese nivel de influencia. La consecuencia es una provincia que produce riqueza, pero sigue esperando obras fundamentales.
No se trata de desconocer las limitaciones institucionales del Congreso. Los legisladores no ejecutan obras. Pero sí negocian, presionan y construyen alianzas. Ese es el verdadero poder político. Cuando esa función se ejerce con debilidad o dispersión, el territorio que representan pierde oportunidades.
La provincia Duarte no necesita más diagnósticos ni más promesas. Necesita coherencia entre representación y resultados. Necesita una agenda unificada, negociación presupuestaria firme y liderazgo dispuesto a asumir el costo político de exigir lo que corresponde.
La historia demuestra que la sociedad francomacorisana no permanecerá en silencio. La inacción ha fortalecido su conciencia cívica. Hoy existe una ciudadanía que reclama con argumentos y con memoria, y que se ha sentado a negociar de forma directa con el numero uno (1), ya que las promesas de los funcionarios locales no llegan al palacio. Los moradores de esta localidad no piden privilegios; exige equidad.
El desafío es claro: hay que transformar el pliego de demandas en obras concretas. No se puede seguir pagando con frustración ni con sacrificio humano el descuido de los gobiernos. El precio de la desarticulación política, conlleva a la importación de funcionarios de otras demarcaciones para ocupar posiciones locales. Esto genera vergüenza ajena dentro de los dirigentes locales.
Finalmente, aquí no se esperan discursos vacíos, a veces hasta incoherentes. Se esperan decisiones concretas, mismas que también beneficiaran a los proponentes. Y esas decisiones dependen del liderazgo, estrategia y voluntad real de los que nos representan.
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