San Francisco de Macorís.– El periodista y gremialista Olivo de León denunció que el procurador de Medio Ambiente de la provincia Duarte presentó a dos empleados subalternos como testigos durante una audiencia judicial en la que se le acusa de presuntas violaciones a normativas ambientales, proceso que se conoce en la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de esta jurisdicción.
La audiencia, celebrada el lunes 16 de marzo, fue suspendida alrededor de las seis de la tarde debido a la llegada de la noche y fue reenviada para el lunes 23 de marzo, a las 11:00 de la mañana, en la sala 4 de la Cámara Penal de San Francisco de Macorís.
Según explicó De León, los testigos presentados por la parte acusadora fueron Edickson Rafael Cruz Bretón, quien admitió laborar como chofer del procurador de Corte de Apelación Juan de Dios Rosario Santos, adscrito a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la provincia Duarte, y Yoel Almonte, encargado de prevención y control de incendios forestales de la Dirección Duarte de Medio Ambiente.
De León sostuvo que durante el interrogatorio el procurador intentó que los testigos afirmaran que en el lugar se realizaron rellenos de materiales dentro del río Güiza y que se produjo una obstrucción en la autopista San Francisco de Macorís–Nagua, lo que —según afirmó— no pudo ser confirmado por los declarantes.
“El procurador trató por todos los medios de que sus testigos dijeran que encontraron rellenos dentro del río y obstrucción en la autopista, lo cual no pudo lograr”, expresó el periodista.
Indicó además que los testigos señalaron haber observado supuestos rellenos de escombros, piedras y desperdicios a una distancia aproximada de 15 a 20 metros de la margen del río, aunque admitieron que no realizaron mediciones ni contaban con instrumentos para determinar esas distancias.
Como testigo de la defensa, el agrimensor e ingeniero civil Ángel Rafael López presentó documentos, planos y certificaciones del Catastro Nacional, en los que se establece que la distancia entre la oficina del dealer que opera en el solar y el río es de 39.90 metros, superando los 30 metros mínimos establecidos por la Ley 64-00 para construcciones cercanas a ríos.
López explicó que las mediciones fueron realizadas con equipos modernos con sistema GPS y que los trabajos se encuentran debidamente registrados ante el Catastro Nacional.
Durante la audiencia, tanto el fiscal acusador como la defensa presentaron documentos y otras pruebas relacionadas con el caso.
De León, quien ha presidido en varias ocasiones distintas organizaciones periodísticas del país, denunció además que en la Dirección Duarte de Medio Ambiente operaría una estructura dedicada a extorsionar a propietarios de terrenos, constructores, camioneros, operadores de vehículos pesados y dueños de minas.
El periodista afirmó que el proceso judicial en su contra constituye una represalia luego de que personas que rentaron un solar de su propiedad —donde construían una oficina— se negaran a pagar RD$175,000, suma que, según dijo, habría sido exigida por personal de la institución para permitirles continuar con los trabajos.
De acuerdo con su versión, funcionarios de Medio Ambiente se presentaron en varias ocasiones en el lugar presionando al propietario del taller, llegando incluso a detener a trabajadores en una de las intervenciones.
De León sostuvo que rentó el solar vacío el 31 de mayo de 2023, por lo que asegura no tener responsabilidad sobre las labores realizadas en el terreno. Asimismo, afirmó que en el lugar no se violó ninguna normativa ambiental, y que el expediente en su contra carece de fundamento.
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