No son intereses políticos, son necesidades

En días recientes, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, expresó en una entrevista concedida al canal 9, Color Visión, que el año escolar no debe ser perjudicado por intereses políticos. Sus declaraciones surgieron a propósito de las jornadas de lucha impulsadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en distintas seccionales del país.

Sin embargo, frente a esas afirmaciones, resulta necesario preguntarse con seriedad: ¿realmente se trata de intereses políticos o estamos ante reclamos legítimos nacidos de una realidad insostenible?

Hablar hoy de educación en la República Dominicana es hablar de carencias acumuladas, promesas incumplidas y una deuda histórica con miles de estudiantes, maestros y familias. No se puede reducir a una simple motivación política el hecho de que falten más de 7 mil aulas para alojar a la población estudiantil. Tampoco puede verse como politiquería la paralización de más de 800 centros educativos durante años, ni la existencia de más de 2 mil escuelas que aún esperan ser remozadas, terminadas o equipadas.

Mucho menos puede considerarse un interés político la sobrepoblación estudiantil que impide una atención adecuada a los alumnos y recarga de manera injusta a los docentes. No es política partidaria denunciar la falta de maestros en áreas esenciales, la ausencia de personal administrativo y de apoyo, o las precariedades que afectan el nivel inicial. Eso no es estrategia. Eso es realidad.

La crisis educativa dominicana no solo se manifiesta en la infraestructura, sino también en la calidad y orientación del sistema. Los resultados limitados de ciertos programas, la imposición de secuencias didácticas rígidas que reducen la creatividad del docente, la ausencia de una reforma curricular conectada con la realidad social del país y la repetición de modelos pedagógicos poco efectivos forman parte de un cuadro mucho más profundo. Se trata de un sistema que necesita ser revisado con urgencia, escuchando a quienes viven sus deficiencias cada día dentro de las aulas.

Por eso, cuando maestros, estudiantes, padres y comunidades salen a reclamar soluciones, no necesariamente están actuando por banderas políticas, sino por desesperación, cansancio y conciencia. Reclamar mejores condiciones para enseñar y aprender no debería verse como una amenaza al calendario escolar, sino como una exigencia justa para dignificarlo.

Es evidente que las autoridades conocen muchas de estas problemáticas. De hecho, en distintos escenarios se han asumido compromisos con seccionales y comunidades educativas, sin que hasta el momento se perciban respuestas proporcionales a la gravedad de la situación. Esa distancia entre el discurso oficial y la realidad concreta es lo que alimenta el malestar y empuja a los sectores afectados a mantener sus reclamos.

Descalificar estas luchas como si fueran simples maniobras políticas no solo es injusto, sino también peligroso. Es una forma de ignorar el sufrimiento de estudiantes que se quedan sin cupos, de docentes que trabajan en condiciones precarias y de familias que ven cómo el derecho a una educación pública de calidad sigue postergándose.

La educación no puede seguir siendo administrada desde la indiferencia, la improvisación o la negación del problema. El país necesita un verdadero plan estratégico, serio y participativo, que parta de las necesidades reales de las comunidades y que incluya la voz de maestros, estudiantes, padres y organizaciones sociales. Solo así será posible construir un sistema educativo más justo, más humano y más eficiente.

Porque no, no son intereses políticos. Son necesidades urgentes. Son derechos vulnerados. Y son también reclamos legítimos de un pueblo que merece mucho más que excusas.