NUEVA YORK.- El abogado criminalista y de inmigración, con más de 43 años en el área triestatal de los Estados Unidos, Andrés Aranda, explica a los cientos de miles de sus connacionales, entre otras etnias, que son naturalizados en este país, las razones por las cuales se pierde la ciudadanía estadounidense.
Aranda, que por décadas ha subido a estrados en diferentes estados, indica que el Departamento de Estado y el Gobierno de EE. UU. pueden quitar la ciudadanía por haber cometido fraude en el proceso de naturalización y en los programas federales de Medicare, Medicaid o el Programa de Protección de Nómina (PPP).
Asimismo, por mentir u ocultar información clave (antecedentes penales, arrestos, estado civil) al solicitar la residencia permanente o la ciudadanía; participación en actos de terrorismo; traición a la patria (EE. UU.); o membresía en grupos subversivos; y si no era elegible por no tener un ‘buen carácter moral’ o no cumplir con los requisitos de presencia física.
También, por haber participado en crímenes de guerra; abusos de derechos humanos; pertenecer a pandillas o cárteles; solicitar la ciudadanía en otro país con la intención de renunciar a la estadounidense; o prestar servicio militar en un ejército extranjero hostil a EE. UU.
El proceso de ciudadanía implica cumplir con requisitos de residencia (generalmente 5 años con Green Card); completar el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización (USCIS); tomarse huellas biométricas, aprobar una entrevista, examen en inglés y cívica, y prestar el Juramento de Lealtad. El costo actual es de US$710 en línea o US$760 en papel.
Entre los beneficios que otorga figuran: protección permanente contra la deportación; derecho a votar en elecciones federales; patrocinar la inmigración de familiares cercanos más rápido (cónyuges, hijos, padres, hermanos); y los hijos menores de 18 años son elegibles para la ciudadanía automática.
Poder trabajar en empleos federales; acceder a mayores beneficios de Seguridad Social y viajar sin restricciones de tiempo; no pueden ser deportados y no están obligados a informar cambios de domicilio; acceso completo a programas de Seguro Social, Medicare y beneficios de jubilación, entre otros, precisó el doctor Aranda.»
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