Al asumir el poder, el general Rafael Leónidas Trujillo nombró como superintendente general de Educación al notable Ramón Emilio Jiménez. Esta designación permitió una mayor centralización y planificación del sistema educativo, al tiempo que se promovía la enseñanza técnica y agrícola.
En marzo de ese mismo año, el Consejo Nacional de Educación dio a conocer la Ordenanza No. 193, mediante la cual se establecieron las Asociaciones de Amigos de las Escuelas en todos los planteles del país. Esta disposición del régimen tuvo como antecedente lo implementado por las autoridades norteamericanas durante la ocupación, específicamente a través de la Orden No. 86. No obstante, al estar regulada mediante una ordenanza nacional, adquiría un carácter jurídico más formal dentro del ordenamiento dominicano.
A pesar de que Ramón E. Jiménez realizó ingentes esfuerzos por ampliar la cobertura educativa, fue sustituido por el ilustre educador Max Henríquez Ureña.
Para 1930, la educación dominicana se encontraba severamente limitada: existían apenas 526 centros educativos, entre escuelas primarias rudimentarias, graduadas, secundarias y especiales, además de una única universidad. La matrícula total apenas superaba los 50,000 alumnos en un país con una población aproximada de 1,250,000 habitantes. Solo un 4 % de los niños entre 7 y 14 años asistía a la escuela, mientras que cerca del 90 % de los mayores de 18 años era considerado analfabeto. La Universidad de Santo Domingo, aunque histórica, atendía a un número muy reducido de jóvenes privilegiados y no contribuía significativamente al desarrollo nacional.
Durante los primeros dos años del régimen, la educación continuó rigiéndose por las leyes y lineamientos establecidos por los interventores anteriores. Fue en 1932 cuando el gobierno comenzó a introducir cambios reales, apoyado inicialmente por Max Henríquez Ureña, quien evaluó el estado de la instrucción pública y señaló graves deficiencias, como la falta de docentes titulados, la escasez de materiales didácticos, la débil supervisión y el deterioro de los planteles escolares.
Sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve. Posteriormente, asumieron la dirección educativa Osvaldo Báez Soler y luego Pedro Henríquez Ureña, este último reconocido por su prestigio intelectual y por ser hermano de Max.
Pedro Henríquez Ureña intentó modernizar la educación dominicana mediante la capacitación docente, la revisión de los planes de estudio y la promoción de escuelas de artes y oficios. Asimismo, tuvo el mérito de reabrir la Facultad Libre de Filosofía. No obstante, abandonó el país poco tiempo después, aparentemente debido a la insuficiencia de recursos para materializar sus proyectos.
A pesar de su salida, las reformas continuaron. Lo que hoy se conoce como Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) tenía su origen en 1844 dentro del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Mediante la Ley No. 89 del 21 de febrero de ese mismo año, se asignaron las atribuciones relativas a la instrucción pública y las bellas artes a la Superintendencia General de Enseñanza. Posteriormente, con la Ley No. 786 del 30 de noviembre de 1934, se creó la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, siendo José Manuel Bonetti Dubourg su primer titular.
Con el paso de los años, el modelo educativo trujillista, caracterizado por la centralización, la disciplina y ciertos privilegios, desplazó la antigua “escuela aposento”, impulsada por Manuel Aybar. En 1937 se instauró por primera vez el uso obligatorio del uniforme escolar, y con la Ley No. 2909 de 1951 se procuró institucionalizar, organizar y ampliar el sistema educativo nacional. Esta legislación estableció una base administrativa sólida que permitió la expansión de la educación pública en las décadas posteriores. Sin embargo, su orientación ideológica y centralista limitó la participación social y la libertad educativa, aspectos que serían corregidos posteriormente con la Ley 66-97.
El historiador José R. Cordero Michel, en su análisis sobre la Era de Trujillo, advierte que los avances educativos del régimen no deben evaluarse únicamente desde una perspectiva cuantitativa o administrativa. Según el autor, la expansión del sistema escolar estuvo profundamente condicionada por los intereses políticos del Estado trujillista, que concibió la educación como un mecanismo de control ideológico y reproducción del poder.
Aunque se ampliaron las infraestructuras, se profesionalizó parcialmente la administración y se promovió la enseñanza técnica y agrícola, el contenido educativo fue cuidadosamente controlado para reforzar la obediencia, el nacionalismo oficial y el culto al “Jefe”. Esta visión es compartida por estudiosos como Frank Moya Pons y Lauren Derby, quienes coinciden en que la escuela trujillista representó un avance organizativo respecto al modelo tradicional, pero sacrificó la autonomía intelectual, la libertad pedagógica y la formación crítica del ciudadano.
De este modo, la herencia educativa de la dictadura se presenta como una paradoja histórica: un sistema más estructurado y visible, pero subordinado a una lógica autoritaria que la educación dominicana tendría que superar en las décadas posteriores para avanzar hacia modelos más democráticos, inclusivos y participativos.
El sistema educativo trujillista, especialmente en los niveles primario y secundario, no fue neutral. Fue deliberadamente diseñado para sostener un proyecto político personalista. Formó generaciones disciplinadas, pero también acostumbradas a la verticalidad del mando y al miedo como regulador social.
Tras la muerte de Trujillo, se intentó democratizar y reformar la educación. Al asumir el poder en 1963, el profesor Juan Bosch impulsó una reforma educativa progresista orientada a fortalecer la educación pública y gratuita, promover la formación cívica y democrática, y modernizar los programas y métodos de enseñanza. Sin embargo, el golpe de Estado de septiembre de 1963 y la Guerra de Abril de 1965 paralizaron estos avances.
Durante la segunda intervención militar estadounidense (1965–1966), muchas escuelas cerraron y el sistema educativo se desorganizó considerablemente.
Hoy, al evaluar este período, es necesario hacerlo con honestidad intelectual: reconocer que hubo expansión, pero también un alto costo ideológico. Fue una escuela que enseñó a obedecer sin cuestionar, que generó orden, pero no ciudadanía. Ese es el punto central: la educación bajo Trujillo no fue concebida para formar ciudadanos libres, sino súbditos agradecidos.
BIOGRAFIA SUGERIDA:
- José R. Cordero Michel (1938–2002). Historiador dominicano crítico de la dictadura de Trujillo. En Análisis de la Era de Trujillo sostiene que la educación fue utilizada como instrumento de control ideológico y legitimación del poder, más allá de los avances administrativos del período.
- Frank Moya Pons (1940). Historiador dominicano y autor de referencia. Analiza la educación trujillista como una etapa de transición: con avances organizativos, pero limitada por el centralismo y el autoritarismo del régimen.
- Lauren H. Derby. Historiadora y antropóloga cultural. En The Dictator’s Seduction estudia la educación como espacio de construcción simbólica del poder y de formación de lealtades políticas durante el trujillismo.
- Pedro Henríquez Ureña (1884–1946). Humanista y educador. Defensor de una educación crítica y humanista; sus propuestas modernizadoras chocaron con las restricciones políticas del régimen trujillista.
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