Este 15 de marzo se celebra el Día Internacional del Consumidor, según los datos históricos el interés por este importante sector social surge a raíz del pronunciamiento del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, quien en 1962 anunció los derechos de todos los consumidores e invitó a convocar el 15 de marzo, como Día Mundial del Consumidor.
En el primer lustro de 1980, fue acogida esta propuesta y se inició la celebración, con el principal objetivo de crear conciencia en el sector proveedor, las autoridades y los consumidores del mundo, sobre la importancia de promover un consumo responsable, que luche contra todas las trampas del mercado que impidan el acceso a bienes y servicios de calidad, a la libre elección y a eliminar las prácticas monopólicas; entre otras.
La integración de la sociedad a la promoción de prácticas de consumo responsable es un hecho en el mundo, el cual se encuentra organizado a través de distintas instituciones de la sociedad, entre las que destaca Consumers International, que tiene como objetivo defender los intereses del más amplio sector social, como lo definiera el propio John F. Kennedy y hacer que las agencias estatales del área cumplan con su función.
En nuestro país en el 1963, con el gobierno del profesor Bosch y la ley 13 sobre economía popular que crea.
La Dirección General de Control de Precios, se podría decir que es el primer intento oficial que toma en cuenta los consumidores nacionales. No hay duda de que tal como se ha dicho los consumidores somos el grupo social más grande del mundo o en otras palabras consumidores somos todos.
El tema también alcanza a los usuarios de servicios, sean públicos o privados y esto debe estar bien claro en la mente de los ciudadanos, porque muchas veces se percibe, que segmentos importantes de la población, entienden que cuando se habla del tema solo abarca a quienes usan productos comestibles o perecederos (productos de la canasta familiar), sin incluir todos los bienes y productos duraderos; electrodomésticos en general, vehículos, motocicletas, casas, apartamentos, transporte, electricidad, telecomunicaciones, salud, educación, servicios bancarios, de seguro e incluye a los servicios profesionales.
Para en términos jurídicos afianzar esta parte, en el país, después de mucho trabajo y un serio proceso de concienciación de nuestros legisladores; se aprobó la ley 358-05 que data del 2005, que constituye el marco regulador de las prerrogativas señaladas y que crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (PRO-CONSUMIDOR), esta norma en su artículo 3 literal D, especifica el alcance del tema al decir, “consumidor o usuarios: Persona natural o jurídica, pública y privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos para fines personales, familiares o de su grupo social”. Sin pretender entrar en una explicación técnica jurídica de este artículo porque ese será tema de otro espacio, quiero aclarar dos elementos; primero, que la adquisición debe ser a titulo oneroso, ósea debe pagarse un precio y segundo, que el objetivo de la adquisición sea el consumo o uso final, no puede ser para transformarla, revenderla y obtener beneficios con su venta, como lo aclara en la parte final el mismo texto legal. Esto es una muestra de la amplitud y lo abarcador que es el término consumidor.
El mismo artículo en su literal L define al proveedor como; persona física o jurídica, pública o privada, que habitual u ocasionalmente, produce, importa, manipula, acondiciona, envasa, almacena, distribuye, comercializa o vende productos o presta servicios en el mercado a consumidores o usuarios, incluyendo los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio un título universitario, o en lo que concierne a la relación comercial que conlleve su ejercicio y la publicidad que se haga de su ofrecimiento o cualquier acto equitativo”. De la interpretación de estos dos literales del artículo tres de la ley 358-05, se desprenden las amplias prerrogativas de los consumidores y lo importante que es conocer su alcance.
Aunque la ley es de 2005, es desde el 2007 con la instalación de PRO CONSUMIDOR que inician los trabajos, con las acciones de educación, orientación y representación de los consumidores, acciones que sin duda llegan a su máxima expresión con la entrada a la institución, de la Periodista Altagracia Paulino Ureña, mujer visionaria, promotora de las asociaciones consumidores y de la primera fundación del área en el país.
La importancia de estos derechos, el trabajo de promoción y defensa de los mismos, es reconocido por los asambleístas y en la carta sustantiva del 26 de enero de 2010 le dan la categoría de fundamentales al declarar en el artículo 53. “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que usen o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley.
Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas”.
La declaratoria constitucional es sin duda la manifestación oficial más importante que en la relación consumidor-proveedor, establece un marco regulador sombrilla que viene a fortalecer en el plano jurídico-legal la labor que se realiza en defensa de la población dominicana a través del ejercicio de estas prerrogativas encabezada por PRO CONSUMIDOR, instancia del Estado Dominicano que sólo en el año 2014 concilió 206 mil 304 casos, lo que significó un retorno económico para los consumidores reclamantes de más de 90 millones de pesos.
Por lo que es oportuno este 15 de marzo, celebrar el Día Internacional del Consumidor y continuar creando conciencia sobre la importancia de hacer valer sus derechos, reclamando y denunciando, cualquier tipo amenazas, intento o violación de los mismos.











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