Cursa en el Congreso Nacional conocimiento del Nuevo Código Penal Dominicano, en el cual figura el endurecer las sanciones penales a quienes incurren en la difamación e injuria a cualquier ciudadano, sin importar su status político, social y económico.
Inclusive las disposiciones no se limitan a periódicos, radio y televisión, sino que abarcan redes sociales, plataformas digitales, canales de YouTube y otros medios electrónicos, que hoy enriquecen la comunicación en el pueblo dominicano.
Las expresiones o acusaciones bañadas de mentiras infundadas y que sientan base en los citados medios, lesionando el honor o la reputación de una persona, generarían una responsabilidad penal y que dichas infracciones en lo adelante se puedan acumular contra el imputado.
Hay que admitir que en los últimos años los medios de comunicación han sido “asaltados” por personajes, que han demostrado que poco les importa el mandato de la Ley número 61-32, que consagra en el pueblo dominicano la libre expresión del pensamiento.
Es por ello que favorecemos que en el nuevo Código Penal se pueda endurecer los controles en la información, pero que esos controles no terminen siendo una mordaza a la libre expresión del pensamiento, logro sagrado establecido en el pueblo dominicano desde año 1962.
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