¡Lo que una persona hace con las manos lo defiende con su corazón, con su vida !
Este principio resume una verdad sencilla: las soluciones duraderas nacen cuando quienes viven un problema participan activamente en su solución. Por eso, la grave crisis de los siniestros de tránsito que afecta a la República Dominicana solo podrá enfrentarse con éxito cuando los conductores, especialmente los usuarios de motocicletas, sean parte del proceso de educación, concienciación y presentación de propuestas.
En ese sentido, EL JAYA propone al Gobierno dominicano organizar un concurso nacional que, al mismo tiempo, se constituya en un programa de educación vial dirigido a motoristas y motoconchistas. Una cuestión a enfatizar es que por razones de escasa escolaridad o falta de hábitos de lectura, estos ciudadanos no leen ninguna literatura ni manuales de tránsito.
Conviene hacer una distinción importante. Un siniestro de tránsito es un hecho que, en la mayoría de los casos, puede disminuir porque se origina en la imprudencia, el exceso de velocidad, la distracción o el incumplimiento de las normas. En cambio, un accidente de tránsito responde a circunstancias imprevisibles, como el caso de un conductor que sufra un infarto mientras conduce, que pierda el control del vehículo y provoque una colisión. Diferenciar ambos conceptos ayuda a comprender que gran parte de las tragedias que ocurren en nuestras carreteras son prevenibles.
El país cuenta con numerosas instituciones responsables de regular la movilidad, el transporte y la seguridad vial. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Obras Públicas, junto a otras entidades públicas, así como la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, tienen la capacidad de coordinar una iniciativa nacional de esta naturaleza.
La propuesta consiste en que estas instituciones recorran el país realizando encuentros con motoconchistas, motoristas de reparto (delivery), mensajeros, usuarios particulares de motocicletas y demás actores del sector. En esas jornadas se desarrollarían dinámicas de grupo, sesiones de preguntas y respuestas, aclaración de dudas, análisis de casos reales y proyección de videos educativos sobre seguridad vial.
Pero el objetivo no debe limitarse a impartir charlas. También debe escucharse la experiencia de quienes diariamente circulan por nuestras calles y carreteras. Ellos conocen de primera mano los riesgos, las dificultades y las causas de muchos siniestros. Sus relatos y recomendaciones podrían convertirse en valiosos insumos para mejorar las políticas públicas en materia de tránsito.
Al concluir cada jornada, los participantes recibirían un carnet o certificado que acredite su asistencia y capacitación en educación vial. Este documento podría convertirse en un incentivo para fomentar la participación y promover una cultura de responsabilidad en las vías públicas.
Debe reconocerse que el universo de usuarios de motocicletas es diverso. Existen motoconchistas organizados en sindicatos y asociaciones; repartidores de plataformas de entrega; mensajeros; personas que utilizan la motocicleta como medio de transporte familiar y también conductores independientes que no pertenecen a ninguna organización. Todos deben ser incluidos en este esfuerzo nacional.
Asimismo, el sector privado tiene una responsabilidad que asumir. Las empresas distribuidoras y concesionarias de motocicletas y automóviles pueden convertirse en aliados estratégicos de esta campaña. Una medida que merece ser evaluada es que, antes de entregar un vehículo nuevo, soliciten al comprador la constancia de haber participado en las jornadas de capacitación organizadas por las instituciones competentes. Más que un requisito burocrático, sería una inversión en la protección de vidas humanas.
En San Francisco de Macorís ya existen señales alentadoras que demuestran que la prevención vial no debe esperar únicamente por la acción del Estado. Fuente de Luz Memorial Service asumió una iniciativa ejemplar al organizar la charla experiencial “Educación Vial: La Luz del Camino”, con el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación Provincial Duarte y Accidentes RD, incorporando recursos prácticos de concienciación como el simulador de impacto. En la misma dirección, la Universidad Católica Nordestana (UCNE) dispuso el uso obligatorio del casco protector para sus colaboradores que se desplacen en motocicleta, una medida institucional que coloca la vida humana en el centro de la responsabilidad social. A estos esfuerzos debe sumarse el precedente de la campaña promovida por el ortopeda Dr. Miguel de la Cruz, cuyo llamado preventivo recordó que la seguridad vial comienza por decisiones personales.
La República Dominicana registra cada año una de las tasas más elevadas de muertes por siniestros de tránsito en la región del Caribe y Centro América. Esta realidad exige pasar de las campañas ocasionales a una política permanente de educación, participación ciudadana y prevención.
Escuchar a quienes conducen todos los días, educarlos, comprometerlos y convertirlos en parte de la solución puede marcar la diferencia entre seguir lamentando tragedias o comenzar a construir una cultura vial más responsable y segura para todos.
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