Los periodistas tienen la responsabilidad y el derecho de buscar la noticia dondequiera que esta se produzca. Sin embargo, el ejercicio de esa labor enfrenta desafíos cuando se trata de la cobertura de personas detenidas y trasladadas a cuarteles policiales en San Francisco de Macorís y otras ciudades del país.
Es cierto que en los últimos años han surgido personas que, sin la debida formación profesional, acreditación, ni el compromiso ético que exige el periodismo, se presentan como periodistas y realizan entrevistas a personas detenidas con preguntas que vulneran su dignidad e incluso los señalan como culpables antes de que sean sometidos al debido proceso judicial. Esa práctica, además de ser cuestionable, perjudica la imagen de quienes ejercen el periodismo de manera responsable y profesional.
No obstante, el comportamiento inadecuado de algunos no puede convertirse en la justificación para restringir el trabajo de todos los periodistas. Las medidas restrictivas a la búsqueda de la información, terminan afectando a quienes cumplen con su deber de informar con objetividad, respeto y apego a la ley.
El pasado viernes, el periodista Vladimir Paula, acreditado por su trayectoria profesional y miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), fue impedido de ingresar a las instalaciones del cuartel general de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís. Según se informó, dos agentes policiales, actuando por instrucciones del general de la plaza, Sr. Julio Cesar Acosta, le negaron de manera categórica el acceso al recinto.
En los días posteriores, otros comunicadores también denunciaron haber enfrentado restricciones similares, situación que ha despertado la preocupación del gremio periodístico y ha motivado el rechazo del CDP, al considerar que estas acciones representan una limitación al ejercicio de la labor informativa y, por consiguiente, al derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
Aunque el general Julio César Acosta habría manifestado su disposición de reunirse con representantes del gremio el próximo 1 de julio para abordar esta situación, hasta el momento no ha emitido una posición oficial sobre los hechos. Sin embargo, el malestar ya está presente entre los profesionales de la comunicación, quienes esperan que de producirse el encuentro, surjan soluciones que garanticen el respeto mutuo y el libre ejercicio del periodismo.
Sin ánimo de ofender, el general Julio César Acosta debería revisar lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, así como las leyes 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública; la 10-91, que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, y 61-32, sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento. Estas normas garantizan de manera clara el derecho a buscar, obtener y difundir informaciones, principios esenciales en una sociedad democrática.
Cabe recordar que, incluso en los escenarios más difíciles —conflictos, guerras, desastres naturales o emergencias— siempre existe un espacio para el trabajo de la prensa. Los periodistas cumplen la misión de observar, investigar, documentar y ofrecer informaciones veraces que permitan a la población comprender la realidad y tomar decisiones informadas. Esa labor no constituye un privilegio, sino una responsabilidad social respaldada por la Constitución y las leyes.
La República Dominicana ha recorrido un largo camino en el fortalecimiento de su democracia y de sus instituciones. Por ello, las prácticas propias del autoritarismo deben quedar definitivamente en el pasado. Restringir el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales no solo afecta el ejercicio de la profesión, sino también el derecho de toda la sociedad a estar informada.
La libertad de prensa y el acceso a la información pública no son concesiones de las autoridades; son derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados en todo momento. La relación entre la Policía Nacional y los medios de comunicación debe construirse sobre la base del respeto, el diálogo y el cumplimiento de la ley, porque una prensa libre fortalece la democracia y contribuye a una sociedad más transparente, participativa y justa.
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