Cada vez que escucho hablar de educación inclusiva desde el Ministerio de Educación, surge una pregunta inevitable: ¿existe realmente la educación inclusiva en la República Dominicana?
La Ordenanza 04-2024 establece los lineamientos para garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes, sin importar sus condiciones o necesidades. Sobre el papel, el compromiso luce claro. Sin embargo, la realidad demuestra que todavía existe una gran distancia entre lo que establecen las normas y lo que viven cientos de familias.
En San Francisco de Macorís, el caso del Centro de Educación Especial LARPE es una muestra de esa brecha. La institución opera con limitaciones y no tiene la capacidad para recibir a todos los niños que requieren sus servicios. Como consecuencia, cientos de estudiantes con necesidades educativas especiales permanecen en lista de espera o, sencillamente, fuera del sistema educativo.
Hablar de inclusión mientras estos niños no encuentran un espacio donde ejercer su derecho a la educación resulta contradictorio. La inclusión no puede medirse por la cantidad de documentos aprobados ni por los discursos pronunciados en actos oficiales. Debe medirse por las oportunidades reales que reciben quienes más las necesitan.
Durante años, familias, docentes y sectores de la sociedad han reclamado una solución definitiva para LARPE. No se trata de habilitar un furgón móvil ni de improvisar en una vivienda alquilada. Se necesita una infraestructura moderna, accesible y equipada, diseñada para responder a las necesidades de una población estudiantil que merece atención especializada y condiciones dignas para aprender.
Invertir en educación inclusiva no es un gasto, sino una obligación del Estado y una muestra del compromiso de una sociedad con la igualdad de oportunidades. Cada niño que queda fuera de un aula representa un derecho vulnerado y una deuda que sigue creciendo.
La verdadera inclusión comienza cuando las políticas públicas dejan de ser promesas y se convierten en acciones concretas. Mientras eso no ocurra, la educación inclusiva seguirá siendo un ideal escrito en una ordenanza, pero lejano de la realidad que viven muchas familias de San Francisco de Macorís.
LARPE no necesita más promesas. Necesita decisiones. Porque los niños no pueden seguir esperando y la inclusión no puede seguir siendo solo una palabra.
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