Desde que asumió el poder en enero del 2024, el presidente Donald Trump ha continuado con la insistente y permanente firma de órdenes ejecutivas que abarcan desde lo político, económico, social y cultural. Una de las más controversiales órdenes ejecutivas, ha sido la referente a la prohibición de la ciudadanía para los hijos nacidos de padres indocumentados emitida el pasado año 2025 por el mandatario, pero fue impedida de entrar en vigencia por tribunales federales.
Sin embargo, el gobierno a través del Departamento de Justicia elevó una demanda por ante la Suprema Corte de Justicia, la cual ratificó en su fallo de 6-3 el pasado 30 de junio, de que le derecho a la ciudadanía debe ser mantenido para todas personas nacidas en suelo norteamericano sin importar el estatus de legalidad de sus padres.
La resolución, redactada por el juez John Roberts, sostiene que los nacidos en Estados Unidos de extranjeros en situación irregular en el país o solo temporalmente son “ciudadanos en el nacimiento”. El juez invoca la historia de la 14ª enmienda, aprobada tras el final de la Guerra Civil (1861-1865) para poner fin a la cuestión de la ciudadanía de los esclavos liberados. “La ciudadanía, entonces y ahora-ratificó-es el derecho a tener derechos y a participar libremente en nuestra comunidad política”.
La enmienda, según la Corte Suprema, “extendió esa promesa a todas las personas libres nacidas en esta tierra y hoy mantenemos esa promesa”.
Luego de conocer la sentencia, Trump publicó en su cuenta de Truth Social: “La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que es demasiado malo para nuestro país; sin embargo, podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación; con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso”. Pero eso resultaría imposible debido a la conformación actual del congreso estadounidense y a la realidad política que enfrentan los Estados Unidos.
La 14ª Enmienda ratificada en 1868 de la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento para toda persona nacida o naturalizada en el país y sujeta a su jurisdicción. Además, garantiza el debido proceso y la igual protección ante la ley frente a cualquier acción estatal.
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia se ha establecido también que las órdenes ejecutivas siempre estará bajo la revisión del poder judicial y que los presidentes no tienen la facultad de hacer nuevas leyes.
El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
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