Con los ímpetus que comenzó su segundo mandato el Presidente Donald Trump, se vislumbraba que el mandatario estaba investido de poderes para reescribir la historia de Estados Unidos.
El presidente arrancó afirmando que el golfo de México se llamaría golfo de América.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Así lo consigna la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que fue redactada en la década de 1860 y se ha interpretado desde hace tiempo como una concesión de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La batalla legal sobre el nacimiento empezó el primer día del segundo mandato de Donald Trump, cuando anunció una orden ejecutiva titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
La orden de Trump se enfrentó a impugnaciones legales, ya que organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de los inmigrantes y futuros padres presentaron demandas. Consiguieron, ante los tribunales, bloquear la orden mientras se resolvían los procesos judiciales.
La resistencia contra la orden del Presidente es fuerte e intensa ya que la orden no ha entrado en vigor y hay pocos indicios de que el gobierno esté preparando la reestructuración del sistema de ciudadanía que habría sido necesario para entrar en vigencia.
Además de la constitución, los demandantes también alegaron que la orden violaba leyes federales de 1940 y 1952, cuando el Congreso modificó el texto de la cláusula de ciudadanía en la legislación.
Trump no conforme con la anulación de la orden ejecutiva que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento, pidió al Congreso derogarla mediante una ley, al entender que no se necesitaría una enmienda constitucional larga y engorrosa. Sin embargo, expertos en derecho constitucional y migratorio se opusieron.
La Corte Suprema está integrada por nueve miembros. De estos seis votaron a favor de la anulación de la orden ejecutiva. Trump llevaba más de una década promoviendo el objetivo de evitar que los bebés nacidos de inmigrantes indocumentados y residentes extranjeros temporales se convirtieran automáticamente en estadounidenses.
El presidente de la Suprema Corte, John G. Roberts Jr., en nombre de la mayoría, explicó que la orden ejecutiva de Trump violaba un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la constitución. Escribió que “los nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o de padres que se encuentran temporalmente en el país, son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento”.











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