Esta sociedad debe entender que la democracia no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones ni por la existencia de una Constitución que garantice derechos y libertades. Su verdadera fortaleza se pone a prueba cuando el ciudadano puede ejercer esos derechos sin temor a ser perseguido, abusado o violentado por quienes tienen la responsabilidad de protegerlo.
En este país, donde la historia ha estado marcada por algunos períodos de autoritarismo, represión y violaciones a los derechos humanos, la confianza en los organismos de seguridad continúa siendo una tarea difícil de realizar para una parte importante de la población, ya que, durante décadas, el poder fue utilizado para silenciar voces, perseguir opositores y controlar a la sociedad mediante el miedo.
La recuperación de la democracia ha permitido avanzar hacia un Estado de derecho, pero ese proceso sigue siendo incompleto mientras persistan prácticas consideradas incompatibles con una sociedad verdaderamente democrática. Cada denuncia de abuso policial, detención arbitraria, exceso en el uso de la fuerza y cada muerte ocurrida durante un operativo reavivan la incertidumbre, por lo que nos preguntamos, ¿quién protege al ciudadano cuando el temor también proviene de quienes deben garantizar su seguridad?
Los acontecimientos recientes han profundizado esa preocupación. El caso de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años que perdió la vida tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional en la cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, provocó una profunda conmoción nacional. La gravedad del hecho llevó incluso al presidente Luis Abinader a condenar enérgicamente el crimen y a demandar que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten las consecuencias de la ley.
Independientemente de que las investigaciones determinen las responsabilidades individuales en estos casos, estos acontecimientos han incrementado la percepción de que todavía existen procedimientos policiales que requieren mayores niveles de supervisión, profesionalización y rendición de cuentas.
En un Estado de derecho, la confianza ciudadana no puede descansar únicamente en comunicados oficiales; se debería construir mediante investigaciones independientes, procesos transparentes y sanciones ejemplares cuando corresponda. La ciudadanía observa con preocupación el crecimiento del narcotráfico, el crimen organizado, los atracos, los robos y las estafas en gran parte del país.
Ante esta realidad, nos preguntamos por qué resulta tan difícil desarticular estructuras delictivas que operan durante años, mientras ciudadanos comunes son objeto de constantes retenes, inspecciones y controles que, en ocasiones, son percibidos más como mecanismos de hostigamiento que como verdaderas estrategias de prevención.
Muchos denuncian que algunos puntos de chequeo terminan convirtiéndose en escenarios de arbitrariedad, donde la discrecionalidad sustituye al debido proceso y donde conductores de motocicletas o vehículos afirman que, a pesar de portar toda la documentación requerida, se les extorsiona, lo que deja una experiencia de desaliento y frustración.
Practicas como estas debilitan el trabajo de miles de policías honestos que desempeñan su labor con dignidad y sacrificio. Sería profundamente injusto desconocer el esfuerzo de miles de agentes que diariamente arriesgan sus vidas enfrentando la delincuencia. La mayoría cumple su deber con profesionalismo y vocación de servicio. Sin embargo, precisamente para proteger a esos buenos policías, resulta indispensable identificar, investigar y sancionar a quienes utilizan el uniforme para abusar de la autoridad, violentar derechos o actuar al margen de la ley.
La impunidad nunca fortalece una institución; por el contrario, termina destruyendo su credibilidad desde adentro.
Otra inquietud frecuente gira en torno a la transparencia patrimonial de determinados funcionarios vinculados a los organismos de seguridad. En una sociedad democrática resulta legítimo que los ciudadanos se pregunten si el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas guarda correspondencia con sus ingresos legalmente establecidos. Formular esta pregunta constituye una exigencia elemental de transparencia. Quienes administran poder y autoridad deben ser los primeros en rendir cuentas, precisamente porque su legitimidad depende de la confianza que inspire su conducta.
La seguridad ciudadana no puede edificarse únicamente sobre el uso de la fuerza. También requiere legitimidad, respeto a la dignidad humana y estricto cumplimiento de la ley. Cuando el ciudadano confía en su Policía, denuncia los delitos, coopera con las investigaciones y se convierte en aliado de las autoridades. Cuando esa confianza desaparece, el silencio y el miedo sustituyen esa colaboración, provocando una distancia entre la sociedad y las instituciones encargadas de establecer el orden.
A juzgar por lo que estamos pasando, la República Dominicana necesita consolidar una Policía Nacional moderna, profesional, transparente y plenamente sometida al Estado de derecho. Una institución capaz de combatir con firmeza al crimen organizado sin renunciar al respeto por las garantías constitucionales. La lucha contra la delincuencia jamás debe convertirse en una justificación para debilitar las libertades que tanto sacrificio costó conquistar.
La seguridad no consiste únicamente en reducir las estadísticas del delito; consiste, sobre todo, en garantizar que ningún dominicano tenga que elegir entre temerle al delincuente o desconfiar de quien lleva el uniforme del Estado.
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