Por: Lic. Sagunto Martínez García
El día 3 de agosto de 2026, la República Dominicana amanece bajo un nuevo régimen jurídico. Tras más de catorce décadas aferrados a un Código Penal redactado en el siglo XIX, finalmente entra en vigor la Ley 74-25. Debería ser un día de júbilo institucional, la celebración de un Estado que actualiza sus herramientas para perseguir el sicariato, el ciberdelito o el feminicidio con penas de hasta 40 y 60 años. Sin embargo, la sensación en la calle no es de plenitud, sino de cautela.
Llegamos a esta fecha no tras una reflexión madura e impecable, sino empujados por el cansancio de casi tres décadas de estira y afloja legislativo. Y en ese afán de «aprobar lo que se pueda antes de que venza el plazo», el país ha corrido el riesgo de firmar un cheque en blanco en el terreno más delicado de todos: las libertades ciudadanas y el derecho a disentir.
La prueba más clara de esta fragilidad la vivimos apenas hace unos días, cuando el Congreso tuvo que intervenir a toda prisa para retocar articulados que amenazaban directamente el ejercicio periodístico y el derecho de la gente a fiscalizar el poder. Que se intentara penalizar la difusión de imágenes de interés público o restringir la sátira y el meme bajo interpretaciones ambiguas no fue un descuido técnico; fue el reflejo de un sesgo recurrente en las élites políticas, que suelen confundir la crítica ciudadana con el delito.
La libertad de expresión no es un adorno del sistema democrático ni un privilegio de los medios de comunicación; es la única garantía que tiene un ciudadano común cuando se enfrenta al abuso de un funcionario o a la prepotencia policial. Grabar un operativo, opinar en redes sociales o ridiculizar la ineficiencia de un despacho oficial mediante la parodia son actos de control social constitucionalmente protegidos, no faltas penales que deban saldarse con amenazas de cárcel.
Aunque los retoques parlamentarios de última hora lograron frenar los excesos más burdos, la vigencia que arranca hoy deja un sabor amargo. La verdadera prueba no estuvo en los discursos del Congreso, sino en la interpretación que harán a partir de esta mañana los jueces y fiscales. Si el nuevo código se convierte en un garrote contra el ciudadano de a pie y el periodista incómodo, mientras la corrupción sistémica sigue buscando recovecos procesales para prescribir, habremos sustituido una ley obsoleta por una herramienta de silenciamiento.
El reto que empieza hoy no es de los legisladores, sino de la sociedad civil, la prensa y los tribunales. Nos toca vigilar que la modernización de la justicia no se cobre como peaje el libre pensamiento. Un país que endurece sus penas, pero intimida la voz de su gente no avanza hacia el futuro: simplemente aprende a castigar en silencio.
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