Por Adriano Brand Lora, Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Un feminicidio ocurre en un instante, pero no puede comprenderse únicamente desde ese instante. En muchos casos, la muerte constituye el desenlace de una trayectoria previa de violencia en la que pueden acumularse control, intimidación, aislamiento, amenazas, agresiones y persecución. Esa trayectoria no se desarrolla en el vacío: ocurre dentro de relaciones sociales en las que determinados patrones de poder y dominación pueden ser normalizados, tolerados o subestimados. Es precisamente en ese proceso previo donde una sociedad preventiva debe aprender a reconocer el riesgo e intervenir antes de que la violencia alcance su expresión más extrema.
Cada feminicidio representa mucho más que una cifra. Es una vida interrumpida, una familia marcada por la ausencia y, con frecuencia, hijos e hijas obligados a crecer con una herida difícil de reparar. Pero también constituye una pregunta que interpela a toda la sociedad: no solo debemos preguntarnos qué ocurrió, sino qué condiciones hicieron posible que la violencia avanzara y qué pudo hacerse antes para reducir el riesgo.
El feminicidio constituye una de las expresiones más extremas de la violencia de género. Se refiere a la muerte violenta de una mujer por razones vinculadas con su condición de mujer, dentro de contextos donde pueden estar presentes relaciones de dominación, control, discriminación o desigualdad. Muchos de estos crímenes ocurren en relaciones de pareja o expareja, aunque el fenómeno no se limita exclusivamente a ese ámbito.
La persistencia de los feminicidios revela algo más profundo que la repetición de hechos criminales. Revela la existencia de condiciones sociales, culturales, familiares e institucionales que, en determinados contextos, pueden permitir que distintas formas de violencia contra las mujeres se prolonguen, se normalicen o no sean detenidas a tiempo.
Esto no diluye la responsabilidad de quien comete el crimen. La responsabilidad penal es individual. Pero la explicación sociológica debe ir más allá del acto criminal: debe examinar las relaciones de poder y control en las que la violencia se desarrolla, las pautas culturales que pueden normalizarla y los puntos en los que la familia, la comunidad o las instituciones pueden intervenir.
Por eso, el desafío no consiste solamente en sancionar después del crimen, sino en fortalecer la capacidad colectiva para identificar riesgos, proteger a las víctimas e intervenir oportunamente.
La pregunta fundamental no es únicamente cuántas mujeres son asesinadas, sino qué ocurre antes de cada muerte: qué señales estuvieron presentes, qué información estaba disponible, cómo fue interpretada, qué decisiones se tomaron y qué posibilidades reales existían de actuar.
Más allá del crimen: comprender la trayectoria de la violencia
El feminicidio no siempre aparece como un hecho completamente inesperado. En muchos casos puede estar precedido por amenazas, control excesivo, acoso, persecución, aislamiento, agresiones psicológicas o físicas y conflictos asociados con procesos de separación.
Sin embargo, sería un error asumir que todos los feminicidios siguen una misma secuencia o que todos pueden ser anticipados con precisión. La prevención no consiste en predecir cada crimen, sino en construir mejores capacidades para reconocer y atender aquellas situaciones en las que existen condiciones objetivas de riesgo.
Uno de los mayores obstáculos es la normalización de determinadas formas de violencia. Cuando los celos son confundidos con amor, el control con preocupación o la posesión con compromiso afectivo, disminuye la capacidad social para reconocer el peligro.
La violencia puede instalarse gradualmente mediante el aislamiento, la vigilancia, la intimidación, la desvalorización o el control de las decisiones de la otra persona. Cuando estas conductas son toleradas o minimizadas, se pierden oportunidades de intervención temprana.
El feminicidio tiene un autor individual, pero su prevención requiere comprender el contexto social en el que la violencia se desarrolla.
De la alerta a la protección
Las señales de riesgo solo tienen valor preventivo cuando existe un sistema capaz de identificarlas, evaluarlas y responder con rapidez. Una denuncia, una amenaza o una solicitud de protección deben recibir una respuesta proporcional al nivel de peligro, especialmente cuando existen antecedentes de violencia, amenazas de muerte, persecución, acceso a armas o intentos de separación.
La República Dominicana cuenta con un marco normativo e institucional que incluye unidades especializadas, casas de acogida y servicios de asistencia. Sin embargo, disponer de normas y recursos no garantiza por sí solo una protección efectiva.
El verdadero desafío consiste en lograr que esos recursos funcionen como un sistema integrado: evaluación adecuada del riesgo, intercambio seguro de información, seguimiento de los casos de mayor gravedad, supervisión efectiva de las órdenes de protección y coordinación entre las instituciones responsables.
La prevención comienza cuando una primera señal deja de ser tratada como un hecho aislado y pasa a ser comprendida dentro de un contexto más amplio de riesgo.
Una responsabilidad compartida
Ninguna institución puede prevenir por sí sola un fenómeno con raíces tan complejas. La prevención exige una acción conjunta del Estado, las familias, el sistema educativo, los medios de comunicación, las comunidades y la ciudadanía.
Desde una perspectiva sociológica, la familia, la escuela, los grupos de pares, los medios y las redes sociales participan en la formación de valores y formas de relacionarnos. Allí se construyen, en buena medida, nuestras ideas sobre el amor, el poder, la autoridad, la igualdad y la convivencia.
Prevenir el feminicidio implica, por tanto, cuestionar patrones culturales que confunden el amor con la posesión, justifican los celos como muestra de afecto o consideran el control una expresión normal dentro de las relaciones.
Las familias deben reconocer y no minimizar las señales de violencia. Las escuelas y universidades deben educar para la igualdad, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Los medios deben informar con responsabilidad y evitar presentar el crimen como consecuencia inevitable de los celos o de una supuesta pasión.
Los hombres también deben participar activamente en la construcción de nuevas formas de masculinidad alejadas del dominio, la posesión y la violencia. Esto no significa atribuir responsabilidad colectiva por los actos cometidos por individuos, sino reconocer que su participación es indispensable para construir relaciones más sanas y una sociedad más segura.
Aprender de cada caso
Cuando ocurre un feminicidio, la respuesta no debe limitarse al proceso judicial. También debería realizarse una revisión sistemática del caso para comprender la trayectoria de violencia, identificar la información disponible antes del crimen y evaluar la respuesta ofrecida por las instituciones.
Cada caso debería ser analizado a partir de preguntas concretas:
- ¿Qué antecedentes de violencia y qué acontecimientos precedieron al feminicidio?
- ¿Qué información sobre el riesgo estaba disponible antes del crimen?
- ¿Existían indicadores objetivos de peligro y fueron adecuadamente valorados?
- ¿Qué medidas de protección se adoptaron y fueron proporcionales al riesgo identificado?
- ¿Se produjo una respuesta coordinada entre las instituciones que conocían el caso?
- ¿Qué barreras, si las hubo, limitaron la eficacia de la intervención?
- ¿Qué aprendizaje concreto puede incorporarse a las políticas y protocolos de prevención?
Estas preguntas permiten evitar un error frecuente: juzgar retrospectivamente las decisiones utilizando información que solo estuvo disponible después de la tragedia. Analizar un caso para prevenir futuros feminicidios exige distinguir entre lo que hoy conocemos y lo que razonablemente podía conocerse y hacerse antes.
El propósito no es formular acusaciones automáticas ni diluir responsabilidades. Es establecerlas cuando corresponda, identificar las oportunidades de intervención que existieron, corregir las fallas comprobadas y convertir cada experiencia en aprendizaje institucional.
Hacia una política nacional preventiva
La prevención del feminicidio requiere un sistema articulado que incluya información integrada, evaluación del riesgo, protección efectiva de las víctimas y sus hijos, seguimiento especializado de los casos de mayor peligro, educación preventiva, intervención comunitaria y capacitación continua del personal responsable de atender las denuncias.
Una política preventiva no puede limitarse a reaccionar ante las denuncias. También debe desarrollar capacidades para reconocer patrones de riesgo, identificar contextos de mayor vulnerabilidad, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y corregir oportunamente aquello que no esté funcionando.
El éxito no debe medirse únicamente por denuncias recibidas, órdenes emitidas o personas sancionadas. Debe medirse también por la capacidad del sistema para proteger eficazmente a quienes se encuentran en mayor riesgo y reducir la posibilidad de que una trayectoria de violencia alcance un desenlace fatal.
La prevención debe comenzar mucho antes del crimen: en la educación, en la identificación de conductas abusivas, en la atención de la primera denuncia y en la decisión institucional de no subestimar ninguna amenaza.
Una reflexión final
El feminicidio no afecta solamente a las mujeres. Sus consecuencias alcanzan a las familias, las comunidades y al futuro moral de la nación. Cada caso representa una vida arrebatada y una dolorosa señal de que debemos fortalecer nuestra capacidad colectiva de protección.
Salvar una vida comienza cuando una sociedad aprende a escuchar, reconoce las señales y actúa a tiempo. Comienza cuando una mujer que denuncia encuentra protección efectiva; cuando una familia no guarda silencio; cuando una institución responde con rapidez; y cuando los hombres rechazan el control y la violencia como formas de relacionarse.
La verdadera victoria contra el feminicidio llegará cuando la prevención deje de depender de esfuerzos ocasionales y se convierta en una política de Estado y en una responsabilidad permanente de toda la sociedad.
Una sociedad demuestra su verdadero compromiso con la vida no solamente cuando castiga después de la tragedia, sino cuando desarrolla la capacidad de reconocer el riesgo, proteger a tiempo y evitar que la violencia llegue a su desenlace más irreversible.
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