«Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz».
Javier Sicilia
Los últimos nombramientos realizados por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, tanto en las direcciones regionales como en la Dirección General de la Policía Nacional, durante y después de su discurso de rendición de cuentas del pasado 16 de agosto, apuntan hacia una reestructuración y una profesionalización largamente esperadas en esa institución.
Diversos estudios y diagnósticos realizados en el seno del cuerpo policial han recomendado la adopción de medidas prudentes e impostergables para superar conductas y prácticas consideradas obsoletas. Incluso, los mecanismos de escogencia, evaluación y selección, así como los criterios utilizados para aceptar o rechazar a alistados y oficiales subalternos, han sido percibidos en ocasiones como poco rigurosos o carentes de uniformidad.
Naturalmente, por tratarse de una institución encargada de preservar el orden público, la Policía Nacional está expuesta al riesgo de ser infiltrada por personas vinculadas a actividades criminales. Por esa razón se requiere un sistema de ingreso riguroso y transparente que reduzca la posibilidad de que individuos irresponsables o comprometidos con intereses ajenos a la ley ingresen a sus filas y vulneren los principios que deben regir el orden institucional.
Una forma de preservar y fortalecer los fundamentos de la Policía Nacional consiste en promover, tanto en las direcciones regionales como en las direcciones centrales, a oficiales con sólida formación académica y una trayectoria vinculada con áreas especializadas. Entre estas se encuentran la prevención del delito, la articulación comunitaria, la detección y resolución de conflictos, la mediación, el manejo de crisis y la atención de protestas sociales, siempre dentro del marco constitucional y legal.
Es precisamente en este contexto donde adquiere particular relevancia la figura del general Orison Laurence Olivence Minaya, cuya designación puede considerarse acertada si se toma en cuenta la necesidad de contar con oficiales capaces de comprender y manejar, con criterio profesional, las complejas situaciones sociales que suelen presentarse en el ejercicio de las funciones policiales.
La conducción de una institución como la Policía Nacional exige, además de autoridad y disciplina, formación, experiencia, capacidad de análisis y conocimiento de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos. En ese sentido, la selección de oficiales preparados para desempeñar esas responsabilidades puede contribuir significativamente al proceso de transformación y profesionalización que demanda la sociedad dominicana.
En un interesante trabajo titulado «¿Qué es la insurrección?», Fernán Camilo Álvarez Consuegra aborda el tema de la insurrección en los siguientes términos:
«La Constitución permite la insurrección: expresión de fuerza y movimiento de hecho, para preservar su vigencia, en un extremado ejercicio de la soberanía, que recae en el ciudadano y que este hace valer por sí mismo. Así que, cuando se manifiesta contra las autoridades que han alterado el orden constitucional, puede detenerlas y nombrar funcionarios transitorios, hasta que sean sustituidos legalmente, conforme a lo establecido por la Constitución.»
Una de sus principales responsabilidades en estos cargos era dirigir tareas y procesos preventivos y operativos enfocados en el direccionamiento estratégico de la Policía. Al asumir nuevamente la dirección de la región Nordeste, el general Orison Laurence Olivence Minaya aseguró que, a partir de ese día, las puertas de su despacho estarían abiertas a cualquier persona, sin importar si es rica, millonaria, pobre, humilde o trabajadora; «tengo que recibirla».
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