SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago dictó 15 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos del sector público contra Wilex Agustín (alias “Alex”), Majorit Bautista (alias “Majorie la Morena”) y José Ramón De León Gil (alias “Pedro”), tras hallarlos culpables de integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes que operaba desde el distrito municipal La Canela. La sentencia acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público, que demostró la existencia de una estructura organizada para evadir los controles de seguridad fronterizos.
El tribunal, integrado por los jueces Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos, validó los elementos probatorios que establecen que la red captaba personas de nacionalidad haitiana en condición irregular en la frontera norte por Dajabón, para luego trasladarlas y ocultarlas en la provincia de Santiago durante este ciclo 2026.
Operativa logística, allanamientos y centro de acopio
La investigación, dirigida por el procurador fiscal Juan Osvaldo García, titular del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, determinó que los condenados utilizaban una flotilla vehicular y un inmueble de cuatro habitaciones con sótano para albergar clandestinamente a los migrantes. Durante las intervenciones ejecutadas por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional, las autoridades rescataron a 12 personas sin documentación, entre ellas dos menores de edad, quienes posteriormente quedaron bajo la custodia de la Dirección General de Migración (DGM).
En el proceso judicial, la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez presentó testimonios clave, incluyendo la declaración de una de las víctimas, quien identificó formalmente a los procesados y detalló los cobros económicos realizados por la red para su ingreso ilegal al territorio dominicano.
«Esta condena sienta un precedente contra las estructuras delictivas que lucran con la vulnerabilidad de las personas y vulneran la seguridad fronteriza de la República Dominicana», enfatizó la representación del Ministerio Público.
Usurpación de identidad y delitos informáticos
Adicionalmente, el Ministerio Público logró la condena de José Ramón De León Gil por la usurpación de identidad de un ciudadano dominicano, fundamentado en peritajes de la Junta Central Electoral (JCE) y en las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Con este fallo, el órgano de persecución penal reafirma su política de persecución sistemática contra las redes de crimen organizado transnacional que operan en la región del Cibao.
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