San Francisco de Macorís es un municipio que continúa creciendo y avanzando. Cada día, cientos de jóvenes se incorporan al mercado laboral en distintas empresas, asumiendo sus responsabilidades con sacrificio, dedicación y esmero, contribuyendo con su fuerza de trabajo al crecimiento y desarrollo de esas mismas empresas.
Soy de los que ha defendido públicamente y saludado la llegada de nuevas empresas a nuestro municipio, porque representan oportunidades de empleo y permiten que muchos jóvenes puedan mejorar sus condiciones económicas mediante un salario producto de su trabajo.
Sin embargo, el crecimiento económico y la generación de empleos no pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Nos preocupa que trabajadores que cursan estudios universitarios encuentren dificultades para compatibilizar sus jornadas laborales con su formación académica, llegando incluso a tener que escoger entre conservar su empleo o continuar sus estudios.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 63, establece de manera clara que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. La propia Constitución señala que la educación tiene como finalidad la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y su acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica.
Pero también existe un derecho al trabajo. El artículo 62 de la Constitución establece que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que debe ejercerse con respeto a la dignidad humana. Asimismo, dispone que la ley debe establecer las medidas mínimas necesarias en favor de los trabajadores.
Por tanto, educación y trabajo no deben ser presentados como derechos incompatibles. Un joven que trabaja y estudia simultáneamente está haciendo un doble esfuerzo: aporta mediante su fuerza de trabajo al desarrollo de una empresa y, al mismo tiempo, se prepara profesionalmente para mejorar sus condiciones de vida y contribuir con mayores capacidades al desarrollo de nuestra sociedad.
El Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley núm. 16-92, constituye uno de los principales instrumentos jurídicos que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y aunque debemos ser precisos y no atribuirle al Código un permiso universitario general que no contempla para todos los trabajadores privados, sí encontramos una disposición significativa en su artículo 264, que reconoce a los trabajadores domésticos el derecho a recibir los permisos necesarios para asistir a una escuela, siempre que ello sea compatible con su jornada laboral o se acuerden los días correspondientes.
Esto demuestra que el ordenamiento jurídico dominicano no es indiferente frente a la necesidad de armonizar trabajo y formación. Además, el propio Ministerio de Trabajo ha desarrollado iniciativas orientadas a facilitar la transición entre educación y empleo digno y remunerado, reconociendo la importancia de vincular la formación con el mundo laboral.
Por eso, hago un llamado a los empresarios y gerentes de nuestro municipio: facilitemos, dentro del marco de la ley y mediante acuerdos razonables de organización laboral, que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios. No estamos hablando de trabajadores que quieran evadir sus responsabilidades; estamos hablando de jóvenes que quieren trabajar, estudiar y superarse.
Defender los derechos de los trabajadores no significa estar en contra de las empresas. Todo lo contrario. Una empresa responsable entiende que un trabajador capacitado, profesionalmente formado y con mayores conocimientos constituye también un activo para la propia institución.
San Francisco de Macorís necesita empleos, inversiones y nuevas empresas, pero también necesita profesionales. No podemos celebrar la creación de puestos de trabajo mientras permitimos que esos mismos puestos se conviertan en una barrera para que nuestros jóvenes puedan alcanzar una profesión.
Nuestros jóvenes tienen derecho a trabajar, pero también tienen derecho a aspirar a una mejor preparación. El progreso económico debe caminar de la mano con el progreso humano.
A los empresarios les corresponde producir y generar riquezas; a los trabajadores, aportar su esfuerzo y capacidad; y al Estado, garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Pero como sociedad también tenemos la responsabilidad de construir relaciones laborales donde trabajar para vivir no signifique renunciar al derecho de estudiar para superarse.
Porque un joven que trabaja para sostener su presente y estudia para construir su futuro no debe ser visto como un problema para la empresa. Debe ser visto como parte de la fuerza que construirá el futuro de San Francisco de Macorís.
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