SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inició un proceso de verificación e investigación sobre las adjudicaciones del programa de almuerzo escolar gestionado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), tras la recepción de 83 recursos jerárquicos, 13 solicitudes de medidas cautelares y denuncias sobre presuntas irregularidades. El órgano rector confirmó además el análisis de 43 contratos suspendidos por el INABIE debido a supuestos incumplimientos en la ejecución del servicio durante el ciclo lectivo 2025-2026.
Los procedimientos auditados abarcan 34 licitaciones públicas nacionales (expedientes INABIE-CCC-LPN-2025-0051 al INABIE-CCC-LPN-2025-0084), en las cuales se depositaron 2,656 ofertas y resultaron favorecidos 1,656 proveedores de raciones alimenticias.
Investigación de beneficiarios finales y régimen sancionador
En coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la DGCP desplegó un rastreo de inteligencia administrativa para identificar a los beneficiarios finales de las empresas adjudicadas. La pesquisa procura determinar con evidencia objetiva la existencia de violaciones al régimen de incompatibilidades, prohibiciones legales o vinculaciones corporativas no declaradas entre los oferentes participantes.
El ente fiscalizador precisó que la tramitación de los recursos no suspende la ejecución de las raciones, pero advirtió que de comprobarse infracciones a la ley de compras públicas se incoarán los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes contra los adjudicatarios responsables.
«No habrá silencio administrativo. Cada recurso y reclamo presentado por los proveedores recibirá una respuesta formal tras el análisis técnico y jurídico de los expedientes, garantizando la objetividad y el debido proceso», enfatizó la dirección ejecutiva de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Exhortación al fortalecimiento de las inspecciones en cocinas
Paralelamente, la DGCP instó a la directiva del INABIE a reforzar las fiscalizaciones en campo durante la vigencia de los contratos, al recordar que la firma del acuerdo no concluye la responsabilidad institucional. El órgano rector recomendó efectuar auditorías aleatorias sobre la capacidad instalada y la salubridad de las cocinas contratadas para constatar que mantienen los estándares técnicos evaluados en la licitación.
La institución garantizó que continuará actuando en apego al marco normativo para asegurar la transparencia, legalidad e integridad de los fondos públicos destinados a la alimentación de los estudiantes dominicanos.
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