Cuando en la década del 90 la doctora Aura Celeste Fernández fue entrevistada en el programa “Punto Final” y reveló la existencia de grupos organizados del sicariato en las filas de la Policía y las Fuerzas Armadas, la profesional del derecho y en esa ocasión juez de la Junta Central Electoral, fue calificada de alarmista por autoridades del Ministerio Público y por el alto mando policial.
En esa oportunidad la magistrada solicitó al Presidente de ese entonces, doctor Leonel Fernàndez, tomar las medidas pertinentes para ponerle un alto a los auspiciadores de ese incipiente proyecto criminal, entendiendo que de alcanzar su madurez en el país, podría poner en peligro hasta la gobernabilidad del Gobierno.
Han pasado los años y hasta las propias autoridades muchas veces tienen que admitir que el sicariato es una realidad en todos los segmentos que componen la sociedad y con capacidad de mando de poner un precio a la existencia de cualquier ciudadano.
Los casos más recientes tienen que ver con la muerte de un periodista en Bonao y un Viceministro de Energía y Minas en la población de Cotuí, en una clara demostración de que no hay distinción cuando se trata de matar a cualquier ciudadano a cambio de un dinero acordado, quién sabe si en una obscura o lujosa oficina.
Hoy se confirma la muerte del señor Iván Eduardo Contín Lizardo, quien junto a su hermano el abogado doctor Domingo Alberto Contín Lizardo, había sido herido a balazos por desconocidos cuando estaban conversando en la galería de su residencia, ubicada en la sección “Contín”, del Distrito Municipal de La Peña.
Por este y otros hechos criminales, con pesar tenemos que afirmar que ya estamos viviendo la misma inseguridad que viven los ciudadanos en México, Colombia y otros países de la Zona del Caribe, sin la esperanza de que esto cambie.











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