SANTO DOMINGO. – El abogado y analista jurídico Marino J. Elsevyf Pineda cuestionó la efectividad de los métodos represivos empleados en el combate a la delincuencia en la República Dominicana, advirtiendo que las ejecuciones extrajudiciales y los denominados «intercambios de disparos» constituyen una violación directa a las garantías constitucionales. Durante una intervención en el programa televisivo Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo a través de Antena 7, el jurista enfatizó que la persecución del delito debe sustituir la doctrina de «mano dura» por un esquema de «mano inteligente» fundamentado en la investigación científica y la prevención técnica durante el período 2025-2026.
El profesional del derecho sostuvo que el incremento de la criminalidad evidencia fallas estructurales que sobrepasan el accionar de la Policía Nacional, afectando la cadena de valor del sistema penal dominicano.
Vulneración de garantías constitucionales y fallas del sistema penal
En su exposición, Elsevyf Pineda indicó que la lucha contra el crimen organizado no puede ejecutarse al margen del ordenamiento jurídico ni bajo criterios de sospecha. El abogado citó las disposiciones de los artículos 37, 39, 40, 42, 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana, que consagran el derecho inalienable a la vida, la igualdad ante la ley, la integridad personal, la libertad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Asimismo, el jurista denunció la persistencia de sesgos en la administración de justicia que penalizan con mayor rigor a los imputados procedentes de sectores de vulnerabilidad social, reiterando que la legislación nacional garantiza principios de equidad para toda la ciudadanía.
«El debido proceso no es matar. El debido proceso es llevarlo a los tribunales. Ninguna persona puede ser privada de la vida sobre la base de sospechas; este país es para todos y para eso existe la Constitución», aseveró el jurista, Marino J. Elsevyf Pineda.
Delincuencia penitenciaria y auditoría al Ministerio Público
En relación con la seguridad en los recintos carcelarios, el especialista señaló que desde diversos centros de privación de libertad se coordinan estructuras de estafa cibernética, suplantación de identidad y extorsión telefónica. A su juicio, esta dinámica confirma debilidades operativas en el control del Sistema Penitenciario Nacional y en la ejecución de las políticas públicas de custodia.
Finalmente, Elsevyf Pineda solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la implementación urgente de plataformas de rastreo informático que auditen el flujo de expedientes judiciales. La medida busca identificar las razones por las cuales imputados reincidentes en delitos graves obtienen la libertad, determinando eventuales responsabilidades éticas y penales dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Discussion about this post