La educación dominicana parece distanciarse progresivamente de una de sus funciones esenciales para adentrarse en un proceso de creciente burocratización. En este Día Mundial de los Docentes resulta oportuno analizar una realidad que amenaza con transformar a pedagogos, andragogos, docentes, y demás profesionales dedicados a la enseñanza, en administradores de un conjunto de procedimientos que, paradójicamente, puede terminar restando tiempo a aquello que pretende garantizar: enseñar, desarrollar competencias y propiciar la construcción de conocimientos.
La burocracia educativa ya no corresponde exclusivamente a técnicos distritales, regionales o nacionales, directores y coordinadores de centros. Ha descendido hasta el espacio áulico. Al docente se le exige planificar, documentar, registrar, evidenciar, completar matrices, elaborar instrumentos y demostrar administrativamente diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada requerimiento puede encontrar alguna justificación considerado individualmente; el problema aparece cuando su acumulación convierte la planificación pedagógica en una actividad predominantemente administrativa.
El cuestionamiento no debe confundirse con un rechazo a la planificación. Todo proceso educativo de calidad necesita objetivos, estrategias, actividades, recursos, evaluación y seguimiento. Un docente que planifica dispone de mejores condiciones para conducir coherentemente el aprendizaje. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre planificar para enseñar y producir documentos para demostrar que se ha planificado.
La magnitud del problema queda reconocida, incluso, en la propia planificación estratégica del sistema educativo dominicano. El Plan de Educación Horizonte 2034, contempla la necesidad de reducir la carga administrativa del profesorado para favorecer su concentración a la enseñanza (MINERD, 2025). Este reconocimiento resulta particularmente significativo, si el propio organismo rector plantea disminuir esa carga, es porque existe el riesgo de que determinadas exigencias administrativas interfieran con la función esencial del educador.
La experiencia internacional apunta en una dirección semejante. Los resultados del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 2024, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indican que alrededor del 52% de los docentes participantes considera el trabajo administrativo general una fuente importante de estrés laboral. La OCDE advierte, además, que determinadas tareas administrativas pueden interferir con actividades profesionales esenciales, entre ellas enseñar e interactuar con los estudiantes (OCDE, 2025).
Surge entonces una contradicción que merece atención. Mientras se procura desarrollar competencias, pensamiento crítico, creatividad, razonamiento y capacidad para resolver problemas, una parte del tiempo profesional del maestro termina destinado a documentar el proceso mediante matrices, registros, formularios y evidencias.
Una planificación impecablemente presentada no garantiza una buena clase. Tampoco una carpeta repleta de evidencias demuestra necesariamente que hubo aprendizaje. Puede existir un expediente perfectamente organizado y estudiantes que todavía no hayan desarrollado las competencias esperadas.
También puede producirse la situación inversa. Un docente competente puede descubrir durante una clase que determinada estrategia no funciona, modificar la actividad prevista, introducir ejemplos que no estaban escritos en la planificación o dedicar más tiempo del programado a una dificultad detectada. Esa capacidad de adaptación no debería considerarse incumplimiento, si no ejercicio del criterio profesional. La planificación debe orientar al docente, no aprisionarlo.
Una alternativa podría encontrarse, guardando las diferencias correspondientes, en el margen de autonomía existente en la educación universitaria. Al profesor universitario se le establecen programas, contenidos, competencias, calendarios académicos y mecanismos de evaluación institucional, pero generalmente se le reconoce una considerable libertad académica para organizar y conducir el proceso dentro del aula.
No se propone trasladar mecánicamente el modelo universitario a la educación preuniversitaria. Las poblaciones, finalidades y responsabilidades institucionales son diferentes. Sin embargo, sí podría recuperarse un principio fundamental, la labor propiamente docente debe dejarse, en mayor medida, al docente.
El sistema debería definir con claridad qué debe aprender el estudiante, cuáles competencias debe desarrollar, cuáles estándares mínimos deben alcanzarse y mediante qué mecanismos se evaluarán esos resultados. A partir de ahí, debería concederse mayor autonomía profesional al maestro para decidir cómo conseguirlos.
En este punto, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) ofrece una analogía interesante. PISA utiliza instrumentos estandarizados para evaluar competencias y comparar determinados resultados entre sistemas educativos, pero no establece una metodología universal que los países deban utilizar para enseñar matemáticas, lectura o ciencias. Cada sistema conserva la responsabilidad de organizar su currículo, sus políticas educativas y sus estrategias de enseñanza (OCDE, 2023), ¿Por qué no avanzar, guardando las debidas proporciones, hacia una lógica semejante dentro del sistema preuniversitario dominicano?
Podrían establecerse estándares nacionales claros, evaluaciones diagnósticas y de desempeño, competencias esperadas por grado y mecanismos rigurosos para comprobar aprendizajes, dejando simultáneamente mayor libertad al profesional de la educación para decidir cómo conducir el proceso áulico.
Esto implicaría pasar gradualmente de un sistema preocupado por comprobar cómo se llenó la planificación hacia otro interesado fundamentalmente en comprobar qué aprendió el estudiante.
La propuesta no supone ausencia de supervisión ni eliminación de la planificación. Significa simplificarla y devolverle su carácter pedagógico. Una planificación funcional podría concentrarse en competencias, propósitos, contenidos, estrategias generales, actividades fundamentales, recursos y evaluación, evitando repetir la misma información en diferentes matrices, formularios y documentos.
También debería fortalecerse el acompañamiento pedagógico. El técnico educativo tendría que ser, fundamentalmente, un especialista que ayuda al docente a mejorar su práctica y a encontrar soluciones frente a dificultades reales de aprendizaje, y no convertirse predominantemente en un inspector de documentos. La tecnología, por su parte, debería utilizarse para automatizar registros, integrar informaciones y eliminar duplicidades, no para crear nuevas capas de burocracia digital.
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