“Cheles” es una expresión popular dominicana utilizada para referirse a centavos o a una suma de dinero insignificante. De ahí surge el término “atrapacheles”: personas que se acercan a la política en busca de unos cuantos pesos, de una oportunidad laboral o de algún beneficio personal.
Lamentablemente, en nuestra sociedad todavía existen personas que ven la política como una de las principales vías para conseguir un empleo. Se integran a un partido político, participan activamente durante las campañas electorales y colaboran en todo aquello que pueda hacerlos visibles ante los dirigentes de su organización, con la esperanza de recibir una recompensa cuando su partido llegue al poder.
Durante las campañas, algunos se dedican a distribuir pancartas, colocar propaganda, movilizar simpatizantes y realizar todo tipo de tareas. Su objetivo, muchas veces, no es prepararse para desempeñar una función pública, sino ganarse el favor de quienes eventualmente tendrán la potestad de otorgar nombramientos.
Son estos los que denomino “atrapacheles”.
El problema comienza cuando la recompensa política termina convirtiéndose en un puesto para el cual la persona seleccionada no posee las competencias necesarias.
Un nombramiento público no debería ser un premio por la cantidad de pancartas distribuidas, por los vehículos movilizados durante una campaña ni por la lealtad demostrada a un dirigente. Un puesto de responsabilidad debería estar acompañado de preparación, capacidad, compromiso y, sobre todo, de la disposición para servir adecuadamente a la ciudadanía.
Cuando esto no ocurre, las consecuencias no las paga solamente el funcionario incompetente. Las paga la sociedad.
Los errores cometidos por una persona que ocupa un cargo para el cual no está preparada pueden ser costosos y, en determinadas circunstancias, incluso poner en riesgo servicios esenciales para la población.
Permítanme citar un ejemplo personal.
Este verano, mientras visitaba nuestro bello país, aproveché la oportunidad para renovar mi cédula de identidad en nuestra ciudad del Jaya. La experiencia, sin embargo, terminó siendo una verdadera decepción.
El poco profesionalismo que percibí en distintos momentos del proceso fue preocupante. Algunos de los servidores de esa institución no parecían tener los conocimientos necesarios para orientarme correctamente sobre los requisitos y procedimientos que debía completar.
Lo más sorprendente fue que la oficina de cedulación tenía poca asistencia ese día. Aun así, terminé tardando más de cinco horas para obtener mi documento.
Cinco horas de mi vida para realizar un trámite que, en circunstancias normales, debería poder completarse en mucho menos tiempo.
Una experiencia como esta inevitablemente lleva a preguntarse: ¿cuántos ciudadanos pierden horas de sus vidas diariamente debido a la ineficiencia de determinadas oficinas públicas? Y más importante aún: ¿cuántas de esas deficiencias podrían evitarse si las personas que ocupan esos puestos fueran seleccionadas tomando en cuenta sus capacidades y preparación?
No pretendo afirmar que toda ineficiencia en el sector público sea consecuencia del clientelismo político. Sería una generalización injusta. Pero tampoco podemos ignorar que cuando se coloca a una persona en una posición para la cual no está preparada, el ciudadano termina pagando las consecuencias.
Imaginemos, por ejemplo, a un atrapacheles ejerciendo como profesor. Ese educador podría estar frente a nuestros hijos todos los días. ¿Cómo nos sentiríamos al descubrir que quien tiene la responsabilidad de educarlos carece de las competencias necesarias para hacerlo?
Pensemos también en un cuerpo de bomberos cuyos integrantes no hayan recibido la preparación adecuada. En una emergencia, ¿cuánto podría costarle a una comunidad la falta de capacitación de quienes tienen la responsabilidad de proteger vidas?
Podría enumerar muchos otros ejemplos, pero creo que el mensaje ya está claro.
Esta problemática puede afectar prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por eso debemos comenzar a cuestionar una cultura política en la que, en ocasiones, la lealtad partidaria parece tener más peso que la preparación profesional.
Los políticos tienen derecho a reconocer y recompensar a quienes los apoyan. Sin embargo, cuando se trata de ocupar posiciones financiadas por los contribuyentes, el criterio principal debería ser la capacidad de la persona para desempeñar correctamente las funciones asignadas.
Ser miembro de un partido no debería convertirse automáticamente en una credencial profesional.
Necesitamos una cultura de mayor responsabilidad en la administración pública. Los nombramientos deben tomar en cuenta la preparación, la experiencia, las competencias y el desempeño de cada persona. Y cuando alguien no reúna las condiciones necesarias para ocupar una posición, independientemente del partido al que pertenezca, debería existir la voluntad de reconocerlo y corregirlo.
Esto no es un asunto exclusivo de un partido político. Es un problema que puede trascender colores, gobiernos y administraciones. Mientras la sociedad tolere que los puestos públicos sean utilizados como premios políticos, seguiremos creando las condiciones para que personas sin las competencias necesarias ocupen posiciones desde las cuales toman decisiones que afectan a todos.
Y si usted es un atrapacheles en ejercicio, no pierda más tiempo.
Edúquese. Prepárese. Adquiera las competencias necesarias para desempeñar correctamente la función que ocupa.
Y si descubre que no reúne las condiciones para ejercerla, tenga la honestidad de reconocerlo y ceder el paso a quien sí esté preparado.
La política debería ser un instrumento para servir a la sociedad, no una vía para repartir empleos entre quienes ayudaron a conquistar el poder.
Si continuamos confundiendo lealtad política con capacidad profesional, no solamente estaremos perjudicando al Estado. Estaremos perjudicándonos nosotros mismos.
Porque, al final, los puestos públicos no pertenecen a los partidos.
Pertenecen a la sociedad.
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