Por Josefina Reynoso
Mientras el gobierno no explique dónde falló la custodia de las municiones y quién era responsable de ella, cada cartucho desviado seguirá debilitando la seguridad nacional y fronteriza y restando credibilidad al país ante la comunidad internacional.
En los últimos días salió a la luz, una vez más, que bandas haitianas tienen en su poder municiones con las siglas del Ejército dominicano. Y es que el Estado no puede tratar este hecho como un incidente aislado, porque los informes de las Naciones Unidas también documentan el desvío de cientos de miles de cartuchos desde depósitos policiales.
En octubre de 2024, una investigación de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional detectó el desvío de cerca de 900.000 artículos, en su mayoría municiones. Parte de ese material terminó en manos de bandas haitianas y otra en armerías y comercios del país.
El informe provisional de las Naciones Unidas de marzo de 2026 permitió seguir el rastro de ese desvío hasta las pandillas del país vecino. De los 89 cartuchos de calibre 5,56 mm recuperados en 2025 a la banda 400 Mawozo, 25 llevaban el marcaje ERD y correspondían a munición fabricada en Colombia en 2022 para el Ejército dominicano. Otros 16 coincidían con las existencias policiales desviadas.
En septiembre de 2026, un nuevo informe documentó cartuchos de calibre .50 fabricados en el país en la década de 1950. Todavía nadie ha reconstruido su recorrido. Lo que sí sabemos es que, por su antigüedad, ese material debía estar bajo custodia o haber sido destruido hace tiempo y si hoy aparece del otro lado de la frontera, alguna de esas dos obligaciones dejó de cumplirse.
Cada uno de estos hallazgos conduce a la misma pregunta, todavía sin respuesta oficial: ¿quién o quiénes custodiaban ese material cuando salió de los depósitos? Mientras no haya resultados comprobables, la desconfianza alcanzará a todas las instituciones armadas y el escrutinio internacional aumentará. Si reclamamos apoyo internacional, el país debe responder por qué hay municiones con nuestro marcaje.
No es un tema de leyes; al país no le faltan normas. Contamos con la Ley 139-13 y la Ley 631-16, y la propia Constitución que regulan el control de armas y municiones y asignan al Ministerio de Defensa el control del material bélico de las Fuerzas Armadas. Lo que falta es explicar por qué ese marco no impidió que cientos de miles de cartuchos y componentes salieran de los depósitos.
Esa explicación debe ir acompañada de cambios en los mecanismos empleados. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, proponemos una auditoría nacional de los arsenales militares, policiales y del Ministerio Público que incluya a las empresas de seguridad privada y a las armerías.
De ella deberían surgir medidas concretas, entre ellas la trazabilidad digital por lote, un registro compartido entre la Policía y las Fuerzas Armadas, el acceso biométrico a los depósitos y una fiscalización independiente, ajustada al Marco Global para la Gestión de Municiones de las Naciones Unidas.
Con esas herramientas, los inventarios podrían revisarse periódicamente y cualquier faltante se detectaría en el propio depósito antes de que lo revelara un informe internacional o antes de que las municiones cruzaran la frontera.
La capacidad de defensa de un Estado empieza por demostrar que controla sus propios recursos.
Cualquier manipulación, desvío o encubrimiento relacionado con las armas y municiones adquiridas para defender la nación debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. De eso también depende la seguridad nacional y la soberanía del país.
Discussion about this post