Cada vez que se convoca un paro municipal de labores, se activa una narrativa invariable: los convocantes proclaman el éxito rotundo de la jornada asegurando que las actividades comerciales se paralizan en más de un 90%. Sin embargo, al recorrer las calles del casco urbano y sectores tras las protestas, la realidad muestra un panorama mucho más complejo, donde la paralización responde más a la prudencia y al temor a disturbios que al respaldo social de las demandas.
Durante la más reciente jornada de huelga, realizada los días 19 y 20 de octubre de 2026, convocada por el Colectivo de Organizaciones Populares, su vocero José Mercado en declaraciones a los medios de comunicación, sostuvo que el movimiento tuvo una «gran acogida por el pueblo», afirmando que fue respaldado de manera masiva por transportistas, comerciantes y empresarios. No obstante, la cúpula empresarial y los pequeños comerciantes de la ciudad matizan este diagnóstico.
Mientras la dirección de los paros celebra cifras de paralización casi totales, una masa diversa de micro, pequeños y medianos comerciantes —junto a grandes cadenas comerciales que operan bajo mayores costos fijos— intenta sostener sus operaciones para evitar pérdidas económicas irreparables.
En un recorrido realizado por las zonas de mayor flujo comercial del casco urbano en los días posteriores a las jornadas de paro, dueños de comedores, tiendas de productos electrónicos, cafeterías y bodegas explicaron que su decisión de operar obedece estrictamente a la necesidad de subsistencia, ya que dicen que viven del día a día; osea que si no abren, no llevan el sustento a sus familias, según coincidieron en señalar varios microempresarios.
Aunque la evidencia muestra que los comercios cerraros sus puertas, algunos, aun a riesgo de registrar ventas mínimas o nulas, optaron por operar en horarios parciales o con la modalidad de puertas semiabiertas para reaccionar ante cualquier eventualidad. Incluso en los establecimientos que permanecieron cerrados al público general en el centro de la ciudad, la actividad no se detuvo por completo. En algunas plazas comerciales como la Plaza Juan Pablo Duarte —que alberga diversas oficinas gubernamentales y locales privados—, los propietarios aprovecharon el cese de clientes para realizar mantenimientos, inventarios y remodelaciones. Esto generó un flujo atípico de electricistas, plomeros y técnicos especializados que trabajaron a puerta cerrada.
Sus propietarios explicaron que, si bien pueden identificarse con algunas reivindicaciones sociales planteadas por los convocantes, rechazan categóricamente la paralización de la economía local.
La situación cobra matices diferentes en arterias neurálgicas como la Avenida Libertad y la Avenida Bienvenido Fuertes Duarte, zonas históricamente vulnerables a enfrentamientos violentos. En estos puntos, la reducción de la actividad comercial, del tránsito vehicular y peatonal fue notoria. Sin embargo, los comerciantes consultados en estos sectores aclararon que el cierre de sus locales no debe interpretarse como una adhesión ideológica o política a la huelga, alegando que lo hacen por miedo y para salvaguardar la integridad física de sus empleados y sus locales comerciales.
En la Avenida Bienvenido Fuertes Duarte, varios comercios abrieron en horas de la mañana bajo custodia intermitente de la Policía Nacional, pero se vieron obligados a clausurar en la tarde tras registrarse quema de neumáticos, enfrentamientos esporadicos entre manifestantes y agentes policiales, y movilizaciones dispersas.
Un factor determinante en el repliegue comercial es la paralización casi total del transporte público urbano e interurbano. Sin vehículos para trasladar a los trabajadores y sin clientes en las calles, la dinámica de compraventa se asfixia automáticamente, forzando el cierre técnico de comercios que originalmente pretendían abrir.
El dirigente comercial Rafael Alexander Soriano explicó que la postura del sector privado ha sido reiterativa: exhortar a mantener las puertas abiertas como garantía de continuidad para el aparato productivo de San Francisco de Macorís. «Reconocemos que hay comerciantes que se ven obligados a cerrar porque están ubicados en puntos críticos de disturbios o porque sus empleados no tienen cómo desplazarse. Pero más del 90% de los comercios detallistas de alimentos intenta abrir o brindar servicio», afirmó Soriano.
Soriano fue enfático en señalar que el cierre por razones de seguridad suele «malinterpretarse» como un respaldo a la protesta y advirtió además sobre un fenómeno de desgaste: los constantes llamados a paro han generado una inercia en la idiosincrasia local que afecta las inversiones.
Aunque reconoció que la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución de la República Dominicana, resaltó que el uso desmedido y reiterado de la huelga ha ahuyentado la instalación de grandes industrias y empresas en el municipio, limitando la generación de empleo formal.
Esta visión es rebatida por la dirigencia del Colectivo de Organizaciones Populares. Felipe Mena, también vocero del gremio, sostuvo que la efectividad del paro es indiscutible y reiteró que la paralización alcanzó al menos el 90% en todo el municipio, con excepción de tímidos movimientos en los alrededores del Mercado Municipal.
Mena argumentó que, aunque algunos negocios intentan abrir en las primeras horas de la mañana, terminan cerrando por la ausencia masiva de consumidores y la paralización de la docencia y el transporte.
«Los representantes del sector comercio quedan mal parados porque, a pesar de sus llamados y del despliegue policial, el comercio se recogio y la ciudad se paraliza», aseveró.
El vocero popular añadió que las organizaciones convocantes han coordinado esfuerzos para evitar actos vandálicos o agresiones contra la propiedad privada, asegurando que el repliegue del comercio es una muestra del respaldo popular a las demandas de obras públicas y mejores servicios para la comunidad, contrario a anteriores convocatorias de otras organizaciones.
En San Francisco de Macorís, los llamados a paro de labores se han convertido en un recurrente pulso de poder entre tres actores: las organizaciones populares que miden su capacidad de convocatoria, el gobierno central que entiende no hay razones para ejercer el derecho a huelga ya que dice que cumple las demandas de los convocantes y el sector comercial que queda atrapado en el medio.
Mientras las partes en conflicto continúan debatiendo porcentajes de «éxito» o «fracaso», el trasfondo real refleja a una comunidad productiva rehén de la inseguridad y la falta de movilidad.
La contienda de narrativas deja al descubierto una fragilidad estructural: en una economía donde predomina la informalidad y el sustento diario, para algunos cerrar las puertas no siempre significa apoyar la causa, sino proteger la vida a costa del pan de cada día.
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