Ante la proximidad del vencimiento del contrato con Móvil Soluciones, el alcalde y los regidores de San Francisco de Macorís deben decidir en qué condiciones continuará el servicio de recolección y gestión de los residuos sólidos. La decisión merece atención desde ahora: compromete recursos municipales, incide en la salud pública y puede condicionar el modelo de ciudad que recibirán las próximas generaciones.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se conducirá este proceso, cuáles alternativas serán consideradas y qué garantías tendrá la continuidad y calidad del servicio. Las miradas están particularmente dirigidas al alcalde, cuya preocupación por la limpieza constituye, a mi juicio, uno de los atributos más reconocibles de su gestión. Ahora le corresponde, junto al presidente del Concejo de Regidores y los demás integrantes de ese órgano, encauzar una deliberación fundamentada en evidencias y orientada al interés colectivo.
La experiencia acumulada durante los últimos diez años ofrece una base para esa discusión. El próximo acuerdo necesita sustentarse en una evaluación de los resultados del servicio y del cumplimiento de las obligaciones asumidas. También debe establecer mecanismos de fiscalización que permitan corregir las deficiencias a tiempo. Sus efectos pueden extenderse más allá del período de las actuales autoridades y comprometer las posibilidades de actuación de futuras administraciones.
Es justo reconocer los avances alcanzados. El cierre del antiguo vertedero y la puesta en funcionamiento de una planta de valorización representan transformaciones importantes frente a los incendios, las humaredas y las consecuencias ambientales que afectaban a las comunidades. Ese reconocimiento debe acompañarse de una evaluación de sus resultados. Es necesario conocer cuánto se recupera de los residuos, qué tratamiento recibe el resto y cómo se verifica la protección ambiental.
Las reflexiones de John Dewey en La opinión pública y sus problemas permiten examinar esta responsabilidad. Su relación entre democracia, investigación y consecuencias de la acción colectiva ofrece una orientación: las decisiones públicas necesitan apoyarse en el conocimiento de sus efectos sobre la población. Aplicado a la realidad francomacorisana, este enfoque exige información verificable sobre la cobertura y la frecuencia de recogida, así como sobre la capacidad de responder a las dificultades del servicio.
Los informes revisados declaran un cumplimiento del cien por ciento; sin embargo, contienen registros que requieren aclaración. En diciembre de 2025 aparecen unidades identificadas como paradas o sin laborar con ese mismo porcentaje de cumplimiento. Esto no significa necesariamente que las rutas quedaran desatendidas, pero sí obliga a explicar si existieron vehículos sustitutos, cómo se distribuyeron las operaciones y cuáles criterios se utilizaron para calcular los indicadores. La fiscalización municipal exige verificar e interpretar la información recibida para determinar qué resultados acredita.
La dimensión económica merece igual atención. El Ayuntamiento compromete millones de pesos mensuales en este servicio, por lo que la revisión de sus costos debe ocupar un lugar central en las negociaciones. Evaluar qué resultados se obtienen por cada peso invertido permitirá discutir mejoras y precisar las condiciones del próximo acuerdo. La eficiencia financiera debe traducirse en un servicio de calidad y en una mayor capacidad municipal para atender otras necesidades de la población.
Esta evaluación también debe ser accesible a la ciudadanía. En El futuro de la democracia, Norberto Bobbio examina la visibilidad del poder como una condición de la vida democrática. Trasladado a este proceso, su planteamiento permite sostener que los ciudadanos deben conocer las alternativas consideradas y comprender las razones técnicas, económicas y jurídicas que fundamenten la decisión. Hacer pública esa información proporciona legitimidad a la actuación municipal y fortalece la confianza.
La participación de los sectores sociales puede mejorar, además, la calidad de lo que se decida. Las juntas de vecinos, los comerciantes y las organizaciones comunitarias conocen las dificultades de los barrios y las consecuencias de las interrupciones del servicio. Sus experiencias permitirían identificar necesidades que los informes generales pueden pasar por alto. Incorporarlas a la evaluación ayudaría a establecer indicadores más ajustados al territorio y mecanismos de reclamación que produzcan respuestas oportunas.
La planificación debe avanzar también hacia una gestión integral de los residuos sólidos. San Francisco de Macorís necesita fortalecer la educación ambiental y la clasificación en origen para ampliar progresivamente el reciclaje y reducir los desechos destinados a disposición final. Ese cambio requiere objetivos alcanzables, responsabilidades definidas y seguimiento. La limpieza de las calles forma parte de una tarea más amplia, vinculada con la planificación urbana y el aprovechamiento de los materiales que hoy se desechan.
El próximo acuerdo reúne intereses legítimos que deben armonizarse bajo el principio del bienestar colectivo. La empresa necesita condiciones razonables para operar y cumplir sus compromisos; el Ayuntamiento debe proteger sus finanzas y garantizar la eficiencia del servicio; y los francomacorisanos tienen derecho a una ciudad limpia y saludable. La negociación debe convertir esas responsabilidades en condiciones claras y verificables.
Alcalde y regidores: estos diez años ofrecen elementos para aprender, corregir y avanzar. La decisión que tienen por delante debe dejar establecidos indicadores públicos, supervisión efectiva y objetivos ambientales que puedan evaluarse. Actuar con anticipación permitirá discutir las alternativas con el tiempo y la información que su importancia exige.
La basura también define el futuro de la ciudad. La forma de recogerla, tratarla y reducirla expresa una manera de administrar el municipio. San Francisco de Macorís necesita que esa visión se traduzca en un acuerdo cuyas condiciones puedan explicarse hoy y cuyos resultados puedan exigirse mañana.
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