San Francisco de Macorís atraviesa un período de creciente inconformidad social. Las huelgas, movilizaciones comunitarias, protestas estudiantiles y manifestaciones del magisterio reflejan una realidad que merece profunda reflexión. Más allá de las particularidades de cada reclamo, todas convergen en una misma preocupación, la distancia entre las necesidades de la población y las respuestas de las instituciones responsables de atenderlas.
La huelga de 48 horas desarrollada los días 19 y 20 de octubre de 2026, convocada por el Colectivo de Organizaciones Populares junto a otras entidades estudiantiles y campesinas, puso de manifiesto ese malestar. Durante la jornada se reclamaron soluciones al deterioro de las calles, las deficiencias de los servicios públicos, el costo de la vida y los compromisos gubernamentales pendientes. Sin embargo, concluida la paralización, las manifestaciones continuaron, evidenciando que las causas del descontento permanecen.
Las razones del malestar trascienden los problemas municipales. La difícil situación económica que enfrenta el pueblo dominicano se expresa en el encarecimiento de los alimentos, combustibles, transporte y otros bienes esenciales. A ello se agregan las elevadas facturas eléctricas, los apagones y una presión tributaria que muchos ciudadanos consideran desproporcionada frente a sus ingresos.
Una contradicción de la política económica dominicana se manifiesta en la utilización de la inflación para justificar aumentos tributarios, mientras los salarios permanecen rezagados. La Dirección General de Impuestos Internos justificó el incremento del marbete tomando como referencia una inflación acumulada del 58.1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. Sin embargo, ese mismo criterio no se ha aplicado para garantizar una recuperación equivalente del poder adquisitivo de los trabajadores. Un salario congelado durante esos diez años habría perdido aproximadamente el 36.75% de su capacidad de compra. La inflación se reconoce para aumentar lo que el Estado cobra, pero no con igual determinación para preservar el valor de lo que reciben los trabajadores.
El servicio eléctrico constituye otra preocupación. Aunque las autoridades sostienen que la tarifa regulada permanece congelada desde 2022, las organizaciones populares denuncian facturas elevadas y apagones frecuentes. Para las familias, pagar un servicio costoso e irregular representa una doble carga; para los pequeños negocios, significa gastos adicionales y posibles pérdidas económicas. Asimismo, los precios de los combustibles repercuten en el transporte, la producción y la distribución de mercancías, encareciendo numerosos bienes y servicios.
Otro problema sensible es la falta de agua potable. Residentes de Los Rieles, Hermanas Mirabal, Villa Olímpica, Los Maestros y otros sectores han denunciado interrupciones prolongadas del suministro. Muchas familias deben comprar agua, incorporando nuevos gastos a presupuestos ya comprometidos. Resulta contradictorio que, en pleno siglo XXI, comunidades urbanas necesiten movilizarse para reclamar un servicio tan elemental.
El panorama educativo tampoco escapa a esta realidad. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ha desarrollado protestas por el deterioro de centros escolares, filtraciones, problemas estructurales y retrasos en las reparaciones. Planteles como el Padre Abel Aranda Olivier representan una problemática que trasciende las aulas, la obligación estatal de garantizar condiciones dignas y seguras para enseñar y aprender.
A este escenario se incorporan los estudiantes de la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD) y, también, la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER), cuya Dirección Municipal difundió el 4 de noviembre un documento titulado San Francisco de Macorís, una ciudad sin dolientes. La organización cuestiona las necesidades comunitarias desatendidas, las condiciones educativas y la falta de recursos económicos hasta para celebrar el tradicional Torneo Superior de Baloncesto.
Resulta muy significativo que las demandas procedan de diversos sectores. Comunitarios, docentes, estudiantes, trabajadores y organizaciones populares expresan preocupaciones que comparten un denominador común, el deterioro de las condiciones de vida y la necesidad de respuestas institucionales oportunas.
San Francisco de Macorís posee una importante tradición de participación social, considerable actividad económica y amplia representación política. Cuenta con autoridades municipales, legisladores y funcionarios vinculados a distintos niveles del Estado. Por eso resulta pertinente preguntarse si esa representación está logrando articular respuestas proporcionales a las necesidades de sus comunidades.
No basta con reconocer los problemas ni anunciar soluciones que después resulten difíciles de comprobar. La gestión pública debe medirse por su capacidad para transformar compromisos en resultados. Tampoco puede hablarse de bienestar cuando los ingresos pierden poder adquisitivo, los servicios esenciales presentan deficiencias y las obligaciones económicas continúan aumentando.
Una ciudad no debería necesitar una huelga para conseguir la reparación de una escuela, una protesta para recibir agua potable ni una movilización para conocer el destino de una obra prometida. Atender esas necesidades debe formar parte del funcionamiento ordinario de las instituciones, mediante una gestión transparente, participativa y comprometida con el bienestar colectivo.
Porque el verdadero problema no es que San Francisco de Macorís proteste, sino que sus necesidades continúen pendientes mientras el costo de la vida aumenta y la capacidad económica de sus habitantes se debilita.
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