En una de las escenas más recordadas de la película 300, cuando los temidos Inmortales, la guardia de élite del rey persa Jerjes, se disponen a enfrentar a los espartanos en el estrecho de las Termópilas, Leónidas responde con una frase que desafía la reputación de aquellos guerreros: “Inmortales, pondremos a prueba ese título”.
La expresión encierra una enseñanza que trasciende la batalla: ningún título, por imponente que parezca, debe quedar fuera del examen de la realidad. Es precisamente esa actitud crítica la que corresponde asumir frente a una palabra que el Gobierno dominicano repite cada semana cuando anuncia los precios de los combustibles: subsidio.
Durante 2026, el Gobierno ha comunicado reiteradamente que destina miles de millones de pesos para evitar que los incrementos internacionales de los combustibles sean transferidos íntegramente a los consumidores. Las cifras aparecen acompañadas de mensajes que destacan el esfuerzo económico del Estado para proteger a la población.
Pero existe otra información, igualmente oficial, que rara vez recibe el mismo protagonismo: los miles de millones de pesos que el propio Gobierno recauda mediante los impuestos aplicados a esos combustibles.
Según las cifras examinadas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre enero y octubre de 2026, la recaudación de los impuestos selectivos considerados sobre los combustibles alcanzó aproximadamente RD$78,675.3 millones. Paralelamente, las autoridades anunciaron a comienzos de noviembre que los subsidios acumulados durante el año superaban los RD$44,000 millones.
Al realizarse la operación que pocas veces acompaña los anuncios oficiales: RD$78,675.3 millones − RD$44,000 millones = RD$34,675.3 millones. La diferencia aritmética entre ambas cifras de referencia supera los 34,000 millones de pesos a favor de la recaudación tributaria.
Con base en lo anterior, es legítimos que la población trabajadora se pregunte: ¿De dónde proceden esos recursos? ¿Quién paga los impuestos incorporados al precio de la gasolina y el gasoil? ¿Acaso el dinero que administra el Gobierno surge de una fuente distinta de la riqueza producida por la sociedad?
Cada vez que un ciudadano compra combustible, una parte del precio corresponde a gravámenes establecidos por el propio Estado. Son recursos que ingresan a las finanzas públicas mediante la actividad económica y el consumo de la población.
Por eso, cuando el Gobierno anuncia que está asumiendo parte del incremento mediante un subsidio, resulta indispensable recordar que el Estado administra recursos públicos, no dinero de su patrimonio particular.
Esta distinción es fundamental. El subsidio puede representar una erogación presupuestaria efectiva, pero eso no convierte al Gobierno en un benefactor que aporta recursos propios. La ciudadanía participa en el sostenimiento de las finanzas públicas mediante sus contribuciones.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto anuncia el Gobierno que subsidia, sino cuánto recauda simultáneamente sobre los mismos productos.
Mientras se anuncian subsidios millonarios, los combustibles continúan aumentando. La gasolina premium, que anteriormente costaba RD$290.10 por galón, alcanzó RD$362.10 para la semana del 7 al 13 de noviembre. El gasoil óptimo pasó de RD$242.10 a RD$322.10. Esto representa incrementos acumulados de RD$72 y RD$80 por galón, respectivamente.
Por ejemplo, un ciudadano que consume 30 galones mensuales de gasolina premium enfrenta, con esos precios, un gasto adicional de RD$2,160 cada mes respecto al valor inicial utilizado como referencia. Si esa diferencia permaneciera durante un año, equivaldría a RD$25,920.
Así, el consumidor soporta una carga que merece ser examinada desde dos perspectivas: los impuestos incorporados al combustible y los incrementos que continúan trasladándose al precio final.
Entonces surge otra pregunta: si la recaudación tributaria sobre los combustibles alcanza semejantes dimensiones y supera los subsidios anunciados, ¿por qué no reducir esa carga impositiva para aliviar directamente el bolsillo de la población?
En República Dominicana, los combustibles están gravados principalmente por dos impuestos, uno específico, establecido como un monto fijo en pesos por galón, cuyo valor varía según el tipo de combustible y está sujeto a ajustes por inflación; y otro ad valorem, equivalente al 16% de la base imponible correspondiente. Por tanto, el Gobierno dispone de dos vías para reducir la carga tributaria, disminuir el monto del impuesto específico por galón y reducir la tasa del impuesto ad valorem.
Para comprender su impacto, basta observar la gasolina premium. De los RD$362.10 que cuesta actualmente un galón, RD$71.85 corresponden al impuesto específico y aproximadamente RD$33.78 al ad valorem. En conjunto, ambos gravámenes representan RD$105.63, equivalentes al 29.2% del precio final. Si el Gobierno decidiera reducir a la mitad ambos impuestos y esa rebaja se trasladará íntegramente al consumidor, el precio del galón podría disminuir aproximadamente RD$52.82, pasando de RD$362.10 a RD$309.28. Para una persona que consume 30 galones mensuales, esto representaría un ahorro cercano a RD$1,584 cada mes.
Por supuesto, reducir impuestos implica disminuir ingresos públicos. Pero precisamente por eso corresponde discutir las prioridades de la política fiscal, en lugar de aceptar que la única alternativa posible sea mantener la carga tributaria y anunciar periódicamente nuevos subsidios. Hasta ahora, lo que ocurre es que el Gobierno recauda cantidades extraordinarias mediante los combustibles y comunica por separado los recursos que destina a subsidiarlos, mientras los ciudadanos continúan enfrentando precios cada vez mayores.
No basta con anunciar cuánto dinero se destina a contener los aumentos. También debe informarse cuánto se recauda mediante los impuestos sobre esos mismos combustibles, cómo evoluciona esa recaudación y qué posibilidades existen de reducir la carga tributaria.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la ecuación completa, no solamente el componente que ocupa los titulares oficiales. Porque cuando se habla de sacrificios económicos, conviene recordar quién produce la riqueza, quién paga los impuestos y quién enfrenta los aumentos cada vez que llega a una estación de combustible, el pueblo consumidor.
La palabra subsidio no debe funcionar como una expresión capaz de cerrar cualquier discusión. Debe someterse al examen de las cifras, de sus fuentes de financiamiento y de sus efectos reales sobre el poder adquisitivo. Como Leónidas frente a los guerreros de Jerjes, corresponde desafiar la fuerza de un título que parece imponerse por su sola repetición.
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