Constantemente los ciudadanos se sorprenden cuando reciben llamadas de instituciones, especialmente financieras que parecen tener más informaciones sobre su persona que uno mismo.
Desconocen muchos que existen instituciones especializadas creadas por el Estado para recabar y vender esas informaciones que se refieren a usted. Venderla a todo institución en especial la crediticia que necesitan saber, por ejemplo, donde trabaja y cuanto tú ganas.
En el 2005 fue promulgada la ley 288-05 que según su artículo 1 tiene por objeto regular la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito o Data Crédito), así como la prestación de los servicios de referencias crediticias y el suministro de la información en el mercado, garantizando el respeto a la privacidad y los derechos de los titulares de la misma. Establece la obligatoriedad de promover la veracidad, la precisión, la actualización efectiva, la confidencialidad y el uso apropiado de dicha información, con el fin de minimizar el riesgo y contribuir al correcto funcionamiento del sistema bancario, financiero, crediticio y económico del país.
Estas instituciones funcionan bajo la sombrilla de la Junta Monetaria (art.7) y se le exigen una series de condiciones para poder ser autorizada a funcionar y tratar con tan preciado bien, como son las informaciones personales de los ciudadanos, por ello establece una serie de principios que deben ser observados en el proceso de almacenamiento, manejo y transmisión de informaciones; entre ellos la exactitud, finalidad y confidencialidad (art.4). Este es el marco jurídico que garantiza la operación de estas instituciones a funcionar, tomando las previsiones necesarias a los fines de establecer los controles que garanticen la privacidad, seguridad y confidencialidad de las informaciones de orden crediticios.
Como se observa estos datos personales forman parte de los derechos fundamentales y la constitución dominicana en su artículo 44. 3 (Derecho a la Intimidad) señala: Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley.
La constitución lo salvaguarda y al propio tiempo establece las excepciones y la necesidad de que en tales casos esas excepciones sean autorizadas por una autoridad judicial competente (juez). Ante la importancia del derecho a la intimidad, se crea el armazón constitucional que hace esta prerrogativa humana invulnerable.
Es digno de resaltar lo señalado en el mismo artículo 44.2 de la carta sustantiva; “Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos”. Esto es sumamente importante porque crea la posibilidad real de que todo ciudadano pueda revisar las informaciones que tienen las entidades de información crediticias sobre usted, además retoma los principios que vinos en la ley y el derecho a la rectificación y cancelación de las informaciones, y todo esto tiene rango constitucional.
Esta fundamentalización tenía que hacerse aplicable con la formulación de una ley objetiva, surge entonces la 172-13 que deroga la 288-05, que actualiza conforme a nuestra carta magna estos derechos. Por eso y conforme con el artículo 70 de la constitución se crean el Habeas Data, que es la institución jurídica sometida al mismo procedimiento de la acción de amparo y que es, específicamente para que mediante una acción rápida y libre de todo protocolo formalista, para el ciudadano que requiera obtener tutela judicial cuando se le violente este derecho a investigar, oponerse, modificar o cancelar las informaciones que las agencias crediticias manejan sobre su persona.
La ley 172-13 además apertura para estos casos el proceso administrativo de las reclamaciones (art.25). la cual podrá interponerse ante la propia sociedad de información crediticia y en especial ante la institución que ofreció los datos a ésta. La reclamación debe realizarse por instancia notificada, mediante acto de alguacil y el plazo para responder es de 10 días, también la normativa otorga otros cinco días hábiles para modificar la información a partir de la notificación de la decisión que ordena la corrección. Si no hay una respuesta en el tiempo señalado de parte de la institución que aporta los datos a la sociedad de información crediticia o buró de crédito, esta última deberá modificar o eliminar de sus bases de datos la información que conste en el registro de que se trate. La norma incluso obliga a que durante el proceso de impugnación, las sociedades de información crediticia deben mantener en el registro impugnado la leyenda, “Registro Impugnado por Hábeas Data”.
Como vemos el legislador nos ofrece las vías para hacer valer un derecho fundamental que constantemente es violentado, ahora falta que los ciudadano le den vida al artículo 44 de la constitución y a la ley 172-13, cuando le violente sus derechos.











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