En estos días ha vuelto a la palestra pública el debate entre quienes apoyan las muertes extrajudiciales (ahora bautizadas como código 29, como si se tratara de una competencia por trofeos) y aquellos que se oponen a esta forma de querer aplicar “justicia”, ultrajando las mismas leyes. Esas muertes extrajudiciales que ejecuta la Policía Nacional contra jóvenes señalados como delincuentes o prófugos de la justicia, ocurren ante los ojos de la ciudadanía y casi todas llevan el desacreditado paragua de los famosos “intercambios de disparos”.
Reconozco que la delincuencia es un fenómeno altamente preocupante en la República Dominicana; un tema muy delicado y poco comprendido por una parte importante de dominicanos y dominicanas. Incluso, quienes se oponen a la aplicación de las llamadas muertes extrajudiciales como método para combatir esa desviación social y proteger las leyes, violando las mismas leyes, son tildados como defensores o aliados de esa problemática ancestral de nuestra macro sociedad.
En una sociedad mínimamente organizada ningún sujeto, sea individual o colectivo, puede colocarse por encima de las leyes sin caer en el autoritarismo y la dictadura. La Constitución dominicana es la ley suprema que dirige el Estado y que regula todas las demás leyes. Estas a su vez están compuestas por normas y reglas para su debido cumplimiento por parte de todos los ciudadanos(as) y con la finalidad de que el Estado, entre otros mandatos, garantice la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad.
Sin embargo, es una práctica contradictoria que, mientras el articulo 37 de nuestra constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, a la Policía Nacional que, entre otras misiones: es un órgano destinado a salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, y sin facultad, en ningún caso, para deliberar, se le permita o se le oriente desde el Palacio Nacional, oficializar la aplicación de las reglas a su manera, la que tiene como sello gomígrafo las ejecuciones extrajudiciales con la que supuestamente aplican las leyes, pero irónicamente violando las propias leyes.
Para que en una sociedad se puedan originar y mantener efectivos mecanismos de control y cohesión social, garantizando a todos sus miembros la satisfacción de sus necesidades fundamentales, es inalienable el cumplimiento de las leyes desde los órganos superiores hasta los mas inferiores, desde el sujeto más encumbrado (presidente de la república) hasta la persona más humilde, socialmente hablando. Es una fragrante violación y una descarada burla a los dominicanos(as) sensatos que las leyes se ejecuten de manera desigual: para unos si, para otros no.
¿Qué está pasando? Nuestro pueblo es objeto de un constante bombardeo de desinformación y mentiras, provocando la manipulación y enajenación mental de una parte importante de los dominicanos. El nivel de manipulación sobre la delincuencia es tan grave (ya lo he expresado reiteradas veces) que nos tienen moldeados para cuando escuchemos la palabra delincuencia lo primero que nos llegue a la memoria es el barrio, los pobres, los marginados sociales, los desheredados de la fortuna, como bien los calificara Frantz Fanon en su obra “Los condenados de la tierra”.
Pocos piensan en la delincuencia de cuello blanco (¡y ese es uno de los propósitos!), en esa delincuencia que, enquistada en el poder político y enlazada con sectores económicos y militares, le ha sustraído millones y millones de pesos al Estado, al pueblo dominicano, dinero que pudiese haber sido invertido en necesidades esenciales de nuestros barrios y campos como: salud, educación, mercados populares, techo, fuentes de trabajo, espacios deportivos y culturales, acueductos, energía eléctrica, calles y registro sanitario, asentamientos y créditos agrícolas… disminuyendo de esa manera las pronunciadas desigualdades sociales.
¿Ustedes no recuerdan que a finales del 2011 salió a la luz pública el desfalco al ayuntamiento de San Francisco de Macorís por más de 400 millones de pesos? ¿No recuerdan que finalmente en el 2014 ese desfalco fue confirmado por auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas?
¿Quiénes fueron a la cárcel? ¿Apareció el dinero robado? Sobre esta clase de delincuencia nunca aparecen los que han delinquidos y si aparecen les aplican las leyes con manos de ceda. ¿Acaso a este tipo de delincuencia le implementan los intercambios de disparos y las ejecuciones extrajudiciales? Si las leyes no aplican por igual para todos los ciudadanos/as, entonces no se puede hablar de justicia.
A mi modo de apreciación, sobre la problemática de la delincuencia entran al debate cuatro (4) tipos de opiniones sectoriales: 1- Los que ignoran las verdaderas raíces y causas de la delincuencia. (Es el mayoritario); 2- Los que planifican y desarrollan con marcada diligencia permanentes campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública, persiguiendo crear una falsa percepción en el imaginario colectivo; 3- Los que, aun medianamente conociendo partes de las raíces y causas del fenómeno, se inclinan por la anterior, motivados por intereses políticos y/o económicos personales. (Son los llamados mercenarios de la política); 4- Los que enfocan el fenómeno social desde una perspectiva multifactorial e integral y observando los dos rostros de la delincuencia. Continuaré en una próxima entrega.
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