Por: Lic. Sagunto Martínez García
La recaudación fiscal es el motor que permite a los gobiernos locales mantener limpias las calles, iluminar los parques y gestionar el ordenamiento territorial. Sin embargo, en su afán por aumentar sus ingresos, diversos ayuntamientos del país han cruzado una línea jurídica muy delicada: cobrar por el uso de lo que no les pertenece. Tal como reseña el periódico elDinero, respaldado en el análisis del jurista Víctor A. León Morel, las alcaldías no tienen facultad legal para exigir el pago de arbitrios por vallas, letreros o elementos publicitarios instalados en propiedades privadas, así como tampoco por la publicidad rodante en vehículos que transitan por las vías públicas.
El problema de fondo radica en confundir la naturaleza de dos figuras tributarias distintas: el impuesto y el arbitrio. El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ha tenido que intervenir en reiteradas ocasiones para poner freno a esta voracidad recaudatoria. A través de la sentencia TC/0418/15, la alta corte dejó meridianamente claro que un impuesto es una carga obligatoria creada exclusivamente por ley mediante el Congreso Nacional, que no requiere una contraprestación directa. En cambio, un arbitrio municipal es el pago que realiza el ciudadano como retribución por un servicio público recibido o por el aprovechamiento directo de un bien de dominio municipal.
Cuando un cabildo intenta cobrar un arbitrio sobre un bien privado —como la fachada o el techo de un edificio particular—, desnaturaliza el tributo y usurpa una potestad exclusiva del Poder Legislativo, violando los artículos 93 y 200 de la Constitución. Esta doctrina fue reafirmada con contundencia en la sentencia TC/0121/20, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas resoluciones y ordenanzas de demarcaciones como San Cristóbal, La Guáyiga, El Seibo, Lagunas de Nisibón, Villa Hermosa, Consuelo y Bajos de Haina. Asimismo, la justicia constitucional anuló resoluciones del Distrito Nacional, Santiago y Puerto Plata que pretendían gravar la publicidad móvil en automóviles y camiones, al considerar que colidían con el impuesto nacional a la publicidad establecido en la Ley 12-01.
Más recientemente, esta línea jurisprudencial fue consolidada de manera categórica en las sentencias TC/0522/24 y TC/0566/24, decisiones en las que la alta corte reiteró la inconstitucionalidad de los arbitrios municipales que pretenden gravar la colocación de vallas, letreros o publicidad en espacios privados y vehículos, dejando sin efecto las pretensiones recaudatorias de los cabildos que desbordan su competencia territorial y material. Con estos fallos, el Tribunal Constitucional blindó una vez más el principio de legalidad tributaria y el derecho de propiedad frente a las extralimitaciones administrativas de los gobiernos locales.
ejemplo práctico:
El caso de «Ferretería El Progreso» Imagine que usted es dueño de una ferretería y decide instalar una valla publicitaria de su negocio en una plaza o en una acera pública frente a su local. En ese escenario, usted está ocupando un espacio que pertenece a la ciudad para su beneficio comercial; por tanto, el ayuntamiento tiene todo el derecho de cobrarle un arbitrio como compensación por el uso de ese espacio público.
Ahora bien, suponga que usted decide retirar esa valla de la acera y colocar un letrero luminoso en la pared frontal de su propio local, o pinta el logo de su ferretería en los laterales de su camión de reparto. Aquí, usted está utilizando exclusivamente su propiedad privada. El ayuntamiento no le está cediendo ningún terreno municipal ni prestando un servicio directo por ese rótulo. Si la alcaldía intenta cobrarle una tasa anual por ese letrero o por la rotulación de su camión, estaría aplicando un cobro inconstitucional, ya sancionado en múltiples ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional.
Esto no significa que los municipios carezcan de autoridad sobre la estética urbana. Regular el orden urbano es su deber; convertir esa facultad en una caja recaudadora sin base legal es un abuso.
La seguridad jurídica y el clima de negocios de un país dependen del estricto respeto a las reglas de juego. Los gobiernos locales deben ser creativos y eficientes en la gestión de sus recursos y en la prestación de servicios tangibles a sus munícipes, en lugar de recurrir a cobros arbitrarios que la Constitución y el Tribunal Constitucional ya han declarado nulos. El fortalecimiento de la municipalidad jamás puede construirse a expensas de la legalidad ni del bolsillo de los contribuyentes.











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