Voz Editorial Noticiario 1070, Hibi Radio, 05-8-2015
La Presidenta de la Cámara de Cuentas, señora Licelot Marte de Barrios y el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, han confirmado por separado la existencia de mil 691 funcionarios obligados por Ley a someter cada año su declaración jurada de patrimonio.
En el año 2015, del citado número de funcionarios, sólo 333 servidores públicos hicieron de manera formal su declaración jurada ante el organismo correspondiente, que en este caso es la Cámara de Cuentas, que preside la señora Marte de Barrios.
Visto que esos funcionarios han violado la Ley número 311-14, las autoridades citadas bien podrían iniciar un proceso de investigación de los bienes que poseen y si en medio de dicha pesquisa encuentran pruebas que determinen enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura y otros actos de corrupción administrativa, someterlos a la justicia y recomendar su cancelación ante el Poder Ejecutivo.
La Ley número 41-08 de Función Pública establece los procedimientos a seguir cuando los funcionarios incurren en esa violación, por dicha razón la licenciada Licelot Marte de Barrios y el doctor Francisco Domínguez Brito tienen de donde agarrarse para actuar sin reservas contra esos servidores públicos que se adjudican el derecho de violar la Ley 311-14.
Aunque sea por un momento el Presidente Danilo Medina debe dejar a un lado su mudez, disponiendo la cancelación de los mil 691 servidores públicos, que creyéndose “vacas sagradas”, asumen el atrevimiento de violar la Constitución y las Leyes que la alimentan.
En el caso que nos ocupa, el Gobernante debiera sentar un precedente con esos violadores e irrespetuosos funcionarios, quizás con ello se hace saber que la Ley es la Ley y que debe aplicarse a todos en su justa dimensión.