La mega minería se ha convertido en la principal amenaza que se cierne sobre nuestros recursos naturales y especialmente sobre nuestras fuentes de aguas, ya que parte de nuestras principales fuentes hidrográfica han sido concesionadas a empresas mineras.
Esta situación refleja una gran inconsistencia con las leyes y los acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios porque por un lado nos comprometemos a proteger las cuencas hidrográficas por su importancia para la seguridad alimentaria y la subsistencia, y por el otro lado la concesionamos para que sean destruidas por la explotación minera, lo que es una violación porque la ley de minería, la 146, que lo prohíbe.
Parte de las principales cuencas de producción de agua de la República Dominicana han sido concesionadas para realizar actividad minera en sus alrededores, como son Yuna, Nizao, Camú, Guayubín, Nizaíto, Ozama, Isabela, Las Cuevas, Artibonito, Higuamo, Magüaca, Chacuey, Macasía y Yaque del Norte, entre otras. A esto se suma que gran parte de la zona costera del país también están concesionada.
Estas zonas, más que importantes, son necesarias para que la República Dominicana pueda garantizar que las presas y los acueductos que dependen de estas puedan tener razón de ser. Más de 15 presas hidroeléctricas se ven amenazadas con no recibir la cantidad de agua para la que fueron construidas, pero lo peor del caso es que más 5 millones de personas se verían afectadas cuando los acueductos no respondan a la necesidad de suplir el preciado líquido.
Además, el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas (SINAP) con sus parques nacionales, reservas científicas, refugios de vidas silvestres y otras áreas donde se encuentran los principales nacimientos de ríos del país y el capital genético de la nación, terminaran destruidos, en franca violación a las leyes 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, la 202-04, de las áreas protegidas, los acuerdos internacionales sobre diferentes recursos naturales y otras normativas.
Cuando vemos el mapa de concesiones mineras nos apena ver que las montañas Bonao, Santiago Rodríguez, La Vega, Dajabón, Santiago de los Caballeros, Janico, San Juan de la Maguana, Monte Plata, San Cristobal, Cotui, Elías Piña y otras tantas zonas que han sido priorizadas por su alto valor en término de biodiversidad y producción de agua.
Lo peor del caso es que cuando vemos la ley de minería parecería que fue elaborada por las empresas mineras porque plantea que los terrenos que se encuentren dentro del perímetro de una concesión de exploración, o sus ocupantes, no podrán oponerse a los trabajos que se realicen. Tampoco podrán oponerse los ocupantes vecinos al paso del concesionario y sus empleados. Además, dice en su artículo 66 que El Concesionario tiene derecho a solicitar la expropiación de los terrenos, y en el artículo 86 que Si hay desacuerdo entre Concesionario y Propietario, el Estado emite un Decreto de Expropiación en contra del propietario. Si de los beneficios de la explotación minera se beneficiaran la mayoría del pueblo dominicano el mal sería menor, aunque no justificable. Sin embargo, se ha evidenciado que solo nos quedan los daños y la destrucción de nuestros recursos naturales, si es que los podemos llamar nuestro. Veamos los pueblos donde hay explotación minera y nos daremos que se han empobrecidos.
Que Dios nos tome confesados con estos depredadores y timadores de nuestras riquezas, que aprovechando la debilidad del estado y las poca capacidad para dar seguimiento, terminan no declarando los beneficios, recordemos La Falconbridge que nunca declaraba beneficios, hasta que en el año 1986 el Presidente mandó a detuner las patanas cargadas con las exportaciones de ferroníquel, lo que obligó a que se renegociara el contrato y a partir de ahí el país empezó a recibir un PUN de 50%.
De maneras, que estamos ante una amenaza que trasciende los espacios geográficos a destruir, ya que aquí se compromete la soberanía nacional y lo poco de patria que ha sobrevivido a la voracidad y la miseria humana que han manifestado nuestros gobernantes.
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