FJT dice liberación de empresarios y de Exministro de la fuerzas armadas en Caso Tucanos envía señal negativa

Dice caso es emblemático y requiere se aplique ley con contundencia

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) declaró que el Ministerio Público, por intermedio del nuevo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está compelido a sentar un precedente con el caso de los Tucanos y manifestó que la liberación de los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez y del Ex-ministro de las fuerzas armadas, Peña Antonio envía a la población una señal de que se busca aplacar el tema.

Miguel Angel Reyes, director ejecutivo de la entidad, manifestó que se ha puesto a correr la especie de que varios implicados en el caso, han recibido con beneplácito el nombramiento del actual procurador.

También advirtió que la puesta en libertad de los imputados, sin más condiciones que un impedimento de salida, pone en peligro muchas pruebas que podrían ser eliminadas, y además les posibilita urdir todo tipo de maniobras para abstraerse de las consecuencias de los actos que se le imputan.

Se quejó de que el criterio jurídico de que la prisión preventiva debe ser la excepción se reserva en el país para los casos en los cuales los imputados son ciudadanos de cuello blanco.

“El caso Tucano es emblemático y debe constituirse en un punto de inflexión entre lo que se ha denominado una jurisprudencia de la impunidad y de la indiferencia en los casos de corrupción y se debe aprovechar para imponer un nuevo arquetipo del accionar de la justicia dominicana tendiente a garantizar una mejor administración de justicia” apuntó.

Exigió que a estos imputados privilegiados se les dé el mismo tratamiento que a todos los acusados por violar la ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, por asociación de malhechores; violación a la Ley 448-06 artículo 2, sobre soborno en el comercio y la inversión; violación a los artículos 2 y 7 de la ley 82-79 sobre Declaración Jurada y Patrimonio, entre otros crímenes y delitos graves.