Los herederos directos de los terrenos de Cayo Levantado, situado en la bahía de Samaná, pidieron al presidente Danilo Medina intervenir para que sean ejecutadas las diferentes sentencias emitidas por la justicia dominicana a favor de los verdaderos sucesores, porque ya hubo determinación de herederos y hay intereses poderosos que se oponen.
Mediante un documento de prensa, Carlos Nivar y Guillermina Santana, apoderada legal y tataranieta del propietario de la tierra dejada por el español Andrés Trinidad, afirman que las sentencias hablan por sí solas, como la 196 del 25 de marzo de 2015, de la Sala Civil y Comercial.
Igualmente, la número 00241/2008 donde aclara que Trinidad tuvo ocho hijos, pero solo cuatro tuvieron descendencia, tal y como lo aclara la sentencia del 2010 de la Suprema de San Francisco de Macorís. Son ellos Merenciana, Ciriaco, Gerónimo y Anastasio.
Aclaran que el español no tuvo hijos varones y dejó testamentos, pero que ahora están poniendo una familia falsa a Merenciana, y quieren quitarla, al igual que a Anastasio, hijos verdaderos.
La compra que realizó Trinidad al antiguo propietario del islote, José Dolores Cárdenas, fue ejecutada en el año 1865. Posteriormente, como consecuencia de la Ocupación Americana del año 1916, en virtud de la Orden Ejecutiva No. 27 del año 1917, dictada en el gobierno militar bajo el mando del contraalmirante Harry Shepard Knapp, se inscribió de nuevo la escritura en octubre de 1917, dando cumplimiento al mandato de ley impuesto por el gobierno de la ocupación.
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Sostienen que la transcripción In Extensa de la escritura que justifica el certificado de título de la propiedad territorial de Cayo Levantado, ubicado en la antigua sección denominada Punta Balandra, dentro de la península de Samaná, tiene el amparo legal en toda la extensión de la palabra con el efecto de la publicidad requerida por la legislación imperante en la época, cuando fueron fomentados los derechos sobre el inmueble.
Precisan que el interés personal de varios abogados está impidiendo que muchos de los herederos con derecho no estén disfrutando de lo que por ley les corresponde, y ciertas familias e intereses poderosos están pagando abogados para que día tras día sometan recursos antes los tribunales y el caso se extienda, para ellos seguir disfrutando del inmueble que no le pertenece.
“Ante todas estas injusticias es que solicitamos la intervención del mandatario para que la justicia impere en un país democrático, libre y conducido por un gobierno que lo dirige de manera ejemplar, subrayaron.
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