En un hecho insólito, de nuevo las autoridades dominicanas se quieren lavar las manos ante un acontecimiento nacional. La defensa de Loma Miranda caló en todo el país y fuera de aquí, y ahora pasa que el Estado “Dominicano” ha decidido traspasarle al PNUD el poder de determinar si procede o no la explotación de Loma Miranda. A petición del gobierno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revisará los estudios de impacto ambiental elaborados por la empresa Falcondo Xstrata Nickel sobre el proyecto de explotación de Loma Miranda.
La Academia de Ciencias repudió que el “Gobierno se valga de técnicos internacionales para determinar si procede o no la explotación minera de Loma Miranda, en La Vega”, cuando expertos dominicanos determinaron la improcedencia e inviabilidad ambiental de esta explotación afirmando que: Loma Miranda tiene “todos los atributos para ser declarada como un área protegida y adelantó que los daños serán extraordinarios, ya que tiene los acuíferos más importantes del país”. Otorgar al PNUD este poder es una muestra de la debilidad del estado dominicano, de su poca credibilidad institucional, legal y constitucional.
A sabiendas de que los técnicos dominicanos del Ministerio de Medio Ambiente hicieron los estudios pertinentes, con todo el rigor científico que el caso ameritaba, y que concluyeron que la explotación de Loma Miranda es improcedente y criminal por el impacto negativo que causará al ecosistema, el gobierno dominicano decide ignorar estos estudios y buscar expertos foráneos para evaluar el caso, nueva vez. Esta desafortunada decisión deja en entredicho la capacidad e integridad profesional de nuestros técnicos y, peor aún, atenta contra la soberanía nacional al Gobierno pedir que expertos foráneos decidan sobre nuestras riquezas naturales.
Los técnicos dominicanos, miembros de la Academia de Ciencia y Recursos Naturales, dicen que: “No entienden porqué expertos internacionales tienen que venir a evaluar Loma Miranda, es una falta de consideración a los especialistas de todas las áreas”.
Desestimar el clamor del pueblo que ha dicho de muchas maneras y por todos los medios posibles que “Loma Miranda no se toca, ni se negocia” es una provocación social. Enfrentar el derecho legítimo de una nación a proteger sus recursos naturales contra el poder internacional deja en evidencia las verdaderas intenciones clientelistas de este gobierno. Estamos vendidos a transnacionales que usan la argucia de los organismos internacionales que prestan dinero, a cambio de intervenir en los asuntos domésticos.
La violación a la Ley 64-00 y a la Constitución de República Dominicana en su artículo 67 deja al descubierto la incapacidad y la retorcida decisión de los representantes públicos de servir al mejor postor. Sin autoridad responsable no hay nación que avance. Loma Miranda es un Patrimonio Nacional que debe ser defendido por los dominicanos en el Congreso Nacional y fuera de él, contra toda presión extranjera.
¡Loma Miranda no se negocia! El pueblo, los científicos dominicanos, los académicos nacionales, los diputados dijeron ¡No! a la explotación de Loma Miranda. ¡Loma Miranda no se toca ni se negocia!
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