El gobierno que preside el licenciado Danilo Medina inició la fase de relaciones públicas tendente a crear las condiciones para hacer pasar una reforma fiscal.
Ya los voceros del gobierno no hablan del pacto fiscal que fue tema de campaña del mandatario. Un pacto fiscal no es lo mismo que una reforma fiscal.
El pacto, como lo ha explicó el Presidente Medina, no es crear nuevos impuestos, sino emplear mecanismos que permitan recaudar más recursos sin afectar los ingresos de la ciudadanía».
Significa que el gobierno acuerda con los diferentes sectores y estratos sociales pagar los impuestos de conformidad a sus ingresos, procurando que los de mayor poder económico paguen más que los menos pudientes.
Una reforma fiscal es simple y llanamente que «mi congreso» – como lo llama el primer ejecutivo de la nación – apruebe una ley que suba los impuestos a los productos y servicios, que ponga a la ciudadanía a pagar igual sin tomar en cuenta la capacidad del contribuyente.
Economistas del país dicen y repiten que el gobierno arrastra un déficit de 33 mil millones de pesos. Por la lentitud con que el gobierno salda deudas por servicios como el de los suplidores de los alimentos a las escuelas, es una señal de que el gobierno no tiene dinero para pagar sus compromisos puntuales.
Pese a la enorme cantidad de dinero que recauda el gobierno nunca le alcanza y continúa buscando, escarbando más para dilapidarlo tan rápido como si lo echara a un barril sin fondo. Por eso el pánico y rechazo de la gente cuando oye hablar de aumentar las recaudaciones con reformas fiscales.
Ese rechazo a las reformas fiscales comienza con el cuestionamiento sobre qué hace el gobierno con el dinero que recauda, con tantos impuestos que cobra. La respuesta es automática y se asocia al robo, al despilfarro y a la corrupción.
La cobranza de los impuestos se convierte en una práctica odiosa y desalentadora. A parte de que la gente no siente ni ve la mejoría de los servicios que paga por muchas vías al gobierno, se observa el apetito voraz de las agencias recaudadoras por sacar más dinero hasta de lo que no se contempla cobrar.
El gobierno tiene como principales agencias de recaudación de impuestos a la Dirección General de Aduanas (DGA) y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Si bien tienen que cumplir la misión recaudadora, la harían mejor si orientaran a los contribuyentes que, por su cantidad numérica son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
En tan sentido proponemos a la DGII que mantenga un programa de Educación Fiscal dirigido a los contribuyentes.
Con un equipo de educadores u orientadores fiscales la DGII generará más confianza y cercanía con los contribuyentes de los diferentes niveles y sectores productivos.
Personal entrenado de la DGII con la misión de orientar a las micro, pequeñas y medianas empresas, visitarían esas unidades productivas, observarían sus prácticas administrativas y aconsejarían cómo mejorarlas.
El equipo de orientación fiscal de la DGII a las Mipymes puede contribuir a fortalecerlas en razón de que su labor es cobrar impuestos a las que mantienen sus operaciones.
La falta de orientación fiscal a las Mipymes se revela en cada multa que aplica la DGII. Se justificaría que imponga esa penalidad económica cuando el contribuyente cometa la misma falta que se le advirtió.
Que la DGII imponga una penalidad económica a quien comete una falta por ignorancia o desconocimiento equivale a utilizar la multa como un mecanismo adicional de recaudación.
Y no puede ser así, porque equivale a trabar su desarrollo o forzar el cierre de esa unidad productiva que debe proteger para que continúe cobrándole impuestos.
Sin dudas que la educación fiscal ayudaría al gobierno, que es el administrador del Estado, a cuidar la gallineta de los huevos de oro.
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