En épocas del pasado reciente autoridades gubernamentales y medios de comunicación nunca pusieron en dudas que los gobiernos enriquecía sus arcas con la industrialización de la caña de azúcar y el turismo, además la exportación de productos tan importantes como el cacao y café.
Al originarse la segunda intervención militar yanqui al país el 28 de abril del 1965, las tropas invasoras dejaron establecidas en la nación dominicana la industria del narcotráfico y luego mediante entrenamientos en el extranjeros se puso en marcha la industria del secuestro, dejando pingues beneficios económicos a militares y algunos grupos de la Izquierda, que con dicha práctica corrompieron las luchas revolucionarias y reivindicativas de los pueblo.
En los últimos años jóvenes que en su mayoría no han cumplido 20 años de edad y que han abandonado los estudios, se involucran a plena luz del sol en la industria del atraco y el narcotráfico, con la participación y complicidad abierta de funcionarios, militares y autoridades policiales, que en su mayoría han sido apresados y otros marcados por el dedo del pueblo soberano.
Los tan manoseados y desacertados planes provenientes del gobierno para enfrentar esos males sociales, todos han sido derrotados con mucha dureza por el poder económico que han logrado acumular los grupos delincuenciales en esta ciudad y otros puntos del país.
Solo en el fin de semana en esta laboriosa ciudad de San Francisco de Macorís, atracadores asesinaron a balazos al comerciantes Lisandro Hernández Ramos y el agricultor Francisco Osorio Bonilla, mientras otros hechos similares ya son historia.
Son estos crímenes que nos motivas estar de acuerdo con el desarme de la población, pero primero que se inicie al costo que sea con quienes han hecho de la industria del atraco y el narcotráfico su forma de vida.
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