El pasado domingo 16 las elecciones municipales que se celebrarían en todo el país, en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales fueron abortadas mediante un sabotaje al equipo de tecnología de la Junta Central Electoral (JCE). En ellas se escogerían unos 3,849 alcaldes (as), vice alcaldes (as), regidores, directores, vocales y suplentes.
Dicho sabotaje se realizó en los grandes municipios donde funcionaría el voto automatizado de la JCE, en los cuales muchos colegios electorales no pudieron funcionar. La JCE decidió anularlas por completo.
Este abominable y bochornoso atentado, sin precedentes en la historia democrática reciente, es un duro golpe al sistema constitucional y democrático, el cual atenta contra la paz social, la estabilidad política, económica y financiera; contra el crecimiento y el desarrollo que disfruta nuestro país y envía un mensaje negativo a la opinión pública internacional, que puede afectar la confianza y a las inversiones extranjeras.
En esta crisis electoral urge que todos los actores de la vida nacional: clase política, empresarial, religiosa y social, propicien una salida armoniosa a la misma, pues al país no le conviene que en medio de varios procesos electorales, esta desemboque en una crisis política. Tenemos que evitar el colapso y que sucumba nuestro frágil sistema electoral, pues en medio de la tormenta, necesitamos salvar las elecciones municipales programadas para el 15 de marzo próximo, que son la garantía para las presidenciales y congresuales de mayo, y posiblemente, de las de junio, si hay segunda vuelta. Es decir,
Desgraciadamente nuestro sistema electoral tiene un costo muy elevado, irresistible, para un país pobre, en vía de desarrollo, pues si incluimos las Primarias celebradas en octubre pasado en las que solo participaron los dos partidos mayoritarios y las abortadas el pasado día 16, serían cinco las elecciones que se celebrarían en cuestión de meses.
A los actuales jueces de la JCE, órgano rector de nuestro sistema electoral se les debe dar un voto de confianza, aun en medio de los tantos errores cometidos; falta de autoridad, incapacidad y deficiencias. Pedir la renuncia de los mismos en estos momentos, como lo vienen haciendo algunos sectores políticos y sociales, es un craso error, pues el remedio podría resultar peor que la enfermedad, ya que dentro de esta crisis y con los plazos encima, no se dispondría del tiempo suficiente para el acoplamiento de los nuevos incumbentes, en un proceso tan complejo, como el que se está organizando.
Debemos actuar con mucha cautela, prudencia y comedimiento, evitando los excesos y evitar que las pasiones personales y partidarias sean colocadas por encima de los intereses del país, pues este está primero.
Los responsables materiales e intelectuales de este bochornoso y aberrante hecho y de esta estocada mortal a la democracia y a la institucionalidad del país, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias y condenados con todo el peso de la ley, pues este delito tecnológico pone en riesgos la seguridad del Estado Dominicano.
Cada una de esas elecciones le cuesta al país miles de millones de pesos, sin contar los millones que invierten los candidatos y los aportes del sector privado. Nuestro país tiene una gran deuda social acumulada y adolece de muchos problemas básicos que no han podido ser resueltos en más de cincuenta años de democracia representativa, lo que la convierte en la más costosa del mundo, sin embargo, avanzamos muy lentamente.
En el “Mes de la Patria”, en el que celebramos nuestra independencia y el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, la anulación de las elecciones municipales constituye un irrespeto, una: bofetada, deshonra, burla y afrenta al Padre de la Patria, al hombre que creyó y confió en el Poder Municipal, como el Primer Poder de la nación. Ojalá que este vergonzoso hecho no se repita jamás.
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