El insulto, que se utiliza en ciertos medios de comunicación y redes sociales de la República Dominicana para intentar ofender, humillar, menospreciar, descalificar y degradar a un adversario, se abre paso y se afianza cada día, a tal grado que poco a poco está siendo aceptado en la sociedad por su uso frecuente y la falta de consecuencias jurídicas.
Esta herramienta del lenguaje y la escritura se utiliza con mayor frecuencia en la radio, la televisión, periódicos digitales y redes sociales. Es ya casi una costumbre escuchar malapalabras como vaina, diablo, coño, maldito, desgraciado, ladrón, chapeadora y corrupto, entre otros, como veremos en algunos ejemplos.
El 7 de marzo del 2016, el locutor Nelson Javier, alias “El Cocodrilo”, fue inhabilitado durante 15 días por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEP), por hacer “un uso vulgar y soez del lenguaje” durante la transmisión de su programa ·El Show de Nelson”, en contra del ex embajador de los Estados Unidos, en la República Dominicana, James “Wally” Brewster, por su condición de gay
El 15 de septiembre del 2017 el organismo estatal impuso una sanción de 30 días fuera de los medios de comunicación a la presentadora Claudia Pérez Ramírez, alias “La Tora”, por “el uso soez y vulgar del lenguaje”.
El 10 de noviembre del 2017. El productor del programa radial “El Gobierno de la Mañana”, Alvaro Arvelo Hijo fue inhabilitado por 20 días por atreverse a acusar de ser homosexual y cobarde al padre de la Patria Juan Pablo Duarte.
También, el 25 de mayo del 2018, el mismo organismo suspendió por 20 días al conductor del programa “El Ritmo e la Mañana”, Alberto Vargas, por irrespetar a un grupo de oyentes.
Asimismo, el 6 de agosto del 2018, el comentarista del programa “Bajo la Lupa de Súper Canal 33”, Jhon Berry, fue suspendido por 15 días, por romper una mesa de cristal, luego de que “enloqueciera” al recibir un mensaje de un televidente de la ciudad de Nueva York, que lo acusó de ladrón.
El 23 de octubre del 2018 la institución estatal suspendió por 30 días a la comunicadora Radhelkis Grisel Jorge, (La Perris, la Josiadora”) por haber hecho “uso vulgar, desaprensivo, irresponsable, soez e impropio”, realizados en los programas “El Ritmo de la mañana” y “Los hijos de Tuta”.
El 12 de julio del 2019, el productor del programa Hilando Fino, Salvador Holguín, fue condenado por la Suprema Corte de Justicia al pago de una indemnización de 5 millones de pesos, en favor de la hermana del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y ex presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, la más alta impuesta en este país, por “emitir ·frases obscenas y expresiones injuriosas o insultantes”, en contra de la dama.
En otro caso, el 28 de marzo de este 2020, el famoso y cuestionado numerólogo Adrian Donato Salcedo Rosario, quien se hace llamar “Cristian Casablanca), mientras transmitía en vivo por Facebook y criticaba vehemente al candidato presidencial, Luis Abinader, lanzó un televisor tipo plasma desde el balcón de su apartamento, ubicado en la sexta planta de un edificio localizado en la ciudad de Santo Domingo, que por fortuna no hirió a nadie.
El Ministerio Público le impuso una sanción de 3 días de prisión, 25 mil pesos de multa y una disculpa pública. En otra oportunidad, la CNEP también lo había suspendido de hablar por radio y televisión por 15 días, por insultar al comunicador Pablo Toribio.
Hay un programa de televisión, llamado “Consultando con el doctor Fadul, en el que su productor, Ernesto Fadul prolifera insultos cotidianos a políticos como “Ladronazos”, “pájaros”, “Mari…….”. sin ninguna consecuencia, y que al parecer son del agrado de su público.
El periodista, o quien dice llamarse periodista o comunicador, que se quiere hacerse famoso, no tiene que estudiar, ni leer libros, ni ser culto, sino que sólo tiene quegritar, insultar, ultrajar, inventarse cosas, y hasta estrellar y romper lo esté a su alcance. Muchos programas producidos por bocones y deslenguados tienen una alta audiencia y facturación.
El insulto, que puede ser un desahogo, pero también una expresión ultrajante, homófoga, racista, sexista, clasista, partidarista y religiosa, lo utiliza mayormente quien pudiera estar indignado o el que tiene poca a ninguna capacidad intelectual. También, se usa cuando se agotan los argumentos, o se quiere sobresalir, no por la capacidad, sino por afán de intentar mofarse, destruir al otro o atraer la atención.
Además, a una parte del público no le gustan los intelectuales, ni los que hablan con propiedad, ni los que usan bien el lenguaje, ni los que respetan las opiniones ajenas y ni los que enseñan, sino los gañanes y patarucos.
En cuanto al Internet, que es una plataforma tecnológica y un medio para ejercer la libertad de expresión, que ofrece varios servicios; entre ellos, el de difundir textos, videos, imágenes y notas de voz, ya sea de manera individual o a través de portales digitales o redes sociales, el insulto alcanza su mayor expansión.
Pero, los improperios no son propios de los que comunican, sino también de parte de los ciudadanos, como sucedió el 27 de octubre del 2019, cuando el joven Máximo Eladio Romero Marcial, que se encontraba disfrutando de un partido de béisbol, en estadio Quisqueya, de la ciudad de Santo Domingo, vociferó “ladrón” al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, lo que motivo que fuera apresado, y que el incidente se convirtiera en un caso de interés público.
El hecho adquirió tal connotación, que hasta nuestro Tribunal Constitucional inusualmente publicó un comunicado en el que aclaró cuál es la dimensión jurídica del insulto.
Como se puede apreciar, el insulto es un recurso que gana terrenos en nuestra sociedad, pero que tiene diversos matices, como lo vamos a ver más adelante.
Por eso, en la segunda parte de este trabajo vamos a tratar su marco jurídico, quiénes son responsables penalmente, las consecuencias de los comentarios insultantes en las sesiones interactivas de los medios digitales y las redes sociales, los comentarios de las personas anónimas y el papel de las redes sociales, entre otros.
Nota: El autor es periodista y abogado.
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